viernes, 18 de diciembre de 2015

MINISTRO HERNÁN CRISOSTO CONDENÓ A AGENTES DE LA DINA POR EL SECUESTRO CALIFICADO DE ESTUDIANTE DE DERECHO ISMAEL DARÍO CHÁVEZ LOBOS

   El ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Hernán Crisosto Greisse, dictó sentencia en la investigación que sustancia por el delito de secuestro calificado de Ismael Darío Chávez Lobos, ilícito perpetrado a partir del 26 julio de 1974, en la comuna de Quinta Normal. Víctima que forma parte de la denominada "Operación Colombo".

   En la resolución, el ministro de fuero condenó como autores del delito perpetrado en contra del estudiante de Derecho de la Universidad de Chile, a los ex agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA): César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, a penas efectivas de 13 años de presidio.

   En tanto, deberán purgar 10 años de presidio, también en calidad de autores, los ex miembros de la DINA: Gerardo Ernesto Urrich González, Gerardo Ernesto Godoy García, Ricardo Víctor Lawrence Mires, Ciro Ernesto Torré Sáez, Sergio Hernán Castillo González, Manuel Andrés Carevic Cubillos, José Nelson Fuentealba Saldías, Basclay Humberto Zapata Reyes, José Enrique Fuentes Torres, José Mario Friz Esparza, Julio José Hoyos Zegarra, Nelson Alberto Paz Bustamante, Claudio Orlando Orellana de la Pinta, Enrique Tránsito Gutiérrez Rubilar, Gustavo Galvarino Caruman Soto, Hiro Álvarez Vega, José Alfonso Ojeda Obando, Olegario Enrique González Moreno, Orlando Jesús Torrejón Gatica, Rudeslindo Urrutia Jorquera, Alfredo Orlando Moya Tejeda, Carlos Alfonso Sáez Sanhueza, Fernando Enrique Guerra Guajardo, Juan Alfredo Villanueva Alvear, Juan Evaristo Duarte Gallegos, Lautaro Eugenio Díaz Espinoza, Leónidas Emiliano Méndez Moreno, Pedro Ariel Araneda Araneda, Rafael de Jesús Riveros Frost, Víctor Manuel Molina Astete, Manuel Rivas Díaz, Juan Ángel Urbina Cáceres, Risiere del Prado Altez España, Raúl Juan Rodríguez Ponte, Hermon Helec Alfaro Mundaca, Hernán Patricio Valenzuela Salas Cisternas, Máximo Ramón Aliaga Soto, José Avelino Yévenes Vergara y Hugo del Tránsito Hernández Valle.

   Asimismo, el ministro Crisosto condenó a penas de 4 años de presidio, en calidad de cómplices a: Luis Eduardo Mora Cerda, José Jaime Mora Diocares, Camilo Torres Negrier, Carlos Justo Bermúdez Méndez, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Gerardo Meza Acuña, Héctor Raúl Valdebenito Araya, Jaime Humberto Paris Ramos, Jorge Laureano Sagardia Monje, José Dorohi Hormazábal Rodríguez, José Manuel Sarmiento Sotelo, José Stalin Muñoz Leal, Juvenal Alfonso Piña Garrido, Manuel Antonio Montre Méndez, Moisés Paulino Campos Figueroa, Nelson Aquiles Ortiz Vignolo, Nelson Eduardo Iturriaga Cortés, Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo, Reinaldo Alfonso Concha Orellana, Víctor Manuel de la Cruz San Martin Jiménez, Gustavo Humberto Apablaza Meneses, Héctor Carlos Díaz Cabezas, Jorge Antonio Lepileo Barrios, Óscar Belarmino la Flor Flores, Rufino Espinoza Espinoza, Héctor Manuel Lira Aravena, Sergio Iván Díaz Lara, Víctor Manuel Álvarez Droguett, Carlos López Inostroza, Sergio Hernán Castro Andrade y Roberto Hernán Rodríguez Manquel.

   En la causa, el ministro Hernán Crisosto absolvió por falta de acreditación de participación en los hechos a: Rodolfo Valentino Concha Rodríguez, Armando Segundo Cofré Correa, Luis René Torres Méndez y Fernando Adrián Roa Montaña.

   En el aspecto, civil, el fallo acoge la demanda por daño moral, ordenando al Estado de Chile pagar una indemnización total de $150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos) a la cónyuge e hijo de la víctima.

   Los hechos

   En la etapa de investigación, el ministro de fuero logró acreditar los siguientes hechos:

   "Que en horas de la noche del día 26 de julio de 1974, Ismael Darío Chávez Lobos, de 22 años, estudiante de Derecho de la Universidad de Chile, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido en su domicilio ubicado en calle Los Copihues N° 1977, comuna de Quinta Normal, por agentes pertenecientes a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), quienes lo trasladaron al recinto de detención clandestina denominado "Londres 38", ubicado en dicha dirección en la ciudad de Santiago, que era custodiado por guardias armados y al cual sólo tenían acceso los agentes de la DINA;

Que el ofendido Chávez Lobos durante su estada en el cuartel de Londres 38, permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la Dina que operaban en dicho cuartel con el propósito de obtener información relativa a integrantes del MIR, para proceder a la detención de los miembros de esa organización;
Que la última vez que Chávez Lobos fue visto por otros detenidos ocurrió un día no determinado en los meses de julio o agosto de 1974, encontrándose desaparecido hasta la fecha.


   Que el nombre de Ismael Darío Chávez Lobos apareció en un listado de 119 personas, publicado en la prensa nacional luego que figurara en una lista publicada en la revista "O' DIA" de Brasil, de fecha 25 de junio de 1975, en la que se daba cuenta que Ismael Darío Chávez Lobos había muerto en Argentina, junto a otras 58 personas pertenecientes al MIR, a causa de rencillas internas suscitadas entre esos miembros, y

Que las publicaciones que dieron por muerto a la víctima Chávez Lobos tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuada por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional en el exterior".




   Fuente: Portal del Poder Judicial de Chile.

domingo, 25 de octubre de 2015

JUZGADO DE GARANTÍA DE CALAMA (CHILE) REALIZÓ AUDIENCIA CON TRADUCCIÓN AL QUECHUA

   El martes 20 de octubre recién pasado, el Juzgado de Garantía de Calama realizó una audiencia de preparación de juicio oral y procedimiento abreviado, la que se debió efectuar con traducción simultánea al quechua, lengua materna de una ciudadana boliviana imputada, quien no habla castellano.

   En la audiencia, estuvo presente la intérprete Julia Quispe, quien tradujo simultáneamente los planteamientos de las partes y las resoluciones que dictó el magistrado José Luis Ayala.

   El juez Ayala explicó que la presencia de la traductora fue solicitada y gestionada por la defensa de la imputada que no habla castellano. "Nosotros, como tribunal, tenemos convenios con agrupaciones de sordos-mudos, de manera de contar con intérpretes en este lenguaje al ser requerido por algún interviniente", contó el juez.

   Durante la audiencia se expusieron los antecedentes de la causa por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes y tres de los imputados admitieron responsabilidad en los hechos, entre ellos la imputada referida, por lo que el próximo domingo 25  de octubre se leerá con traducción simultánea la sentencia que dictará a su respecto, el juez Ayala.

   El cuarto imputado no admitió responsabilidad por lo que se continuó con la preparación de juicio oral, en su caso.

   Los imputados fueron formalizados por el Ministerio Público el 1° de junio pasado, tras ser sorprendidos abordo de un bus con destino a Copiapó, transportando 25 kilos de pasta base de cocaína.

   Fuente: Portal del Poder Judicial de Chile.

CORTE DE TEMUCO (CHILE) REVOCÓ SOBRESEIMIENTO Y RECHAZA REAPERTURA DE INVESTIGACIÓN EN CONTRA DE SENADOR QUINTANA POR ATROPELLO DE CARABINERO

   La Corte de Apelaciones de Temuco revocó este viernes 23 de octubre de 2015 parcialmente la resolución dictada, el 2 de octubre pasado, por el Juzgado de Garantía de la ciudad, que declaró el sobreseimiento definitivo de la causa seguida en contra del senador Jaime Quintana Leal, por su eventual responsabilidad en el cuasidelito de homicidio del cabo primero de Carabineros Jonathan Garrido, quien falleció arrollado el 7 febrero pasado.

   En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada –presidida por la ministra Cecilia Aravena López, e integrada por el ministro (s) Carlos Gutiérrez Zavala y el abogado (i) Fuad Halabí Riffo– declaró "INADMISIBLE el recurso de apelación deducido (…), en aquella parte que no dio lugar a la reapertura de la investigación solicitada por la querellante".

   Asimismo, la sala, en voto de mayoría, acordó revocar "la resolución apelada en aquella parte que declara el sobreseimiento definitivo de la causa y en su lugar se resuelve que NO SE HACE LUGAR ha dicho sobreseimiento, disponiéndose que la causa continúe tramitándose de acuerdo a las reglas generales".

   Decisión acordada en este segundo punto resolutivo, con el voto en contra del ministro suplente Gutiérrez Zavala, quien estuvo por confirmar la resolución apelada que decretó el sobreseimiento definitivo de la causa.

   SENTENCIA CORTE DE TEMUCO

   Fuente: Portal del Poder Judicial de Chile.

miércoles, 23 de septiembre de 2015

SEGUNDA SALA DE LA CORTE SUPREMA DE CHILE RATIFICÓ FALLO QUE RECHAZÓ RECURSO DE AMPARO DE IMPUTADO CLAUDIO EGUILUZ EN CASO SQM

   La Corte Suprema ratificó resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de Claudio Eguiluz Rodríguez, formalizado en el denominado caso SQM.

   En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal del país –integrada por los ministro Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y el abogado (i) Arturo Prado– rechazó la acción cautelar por considerar que una  sala de la Corte de Apelaciones de Santiago no puede revisar decisiones adoptada por otra del mismo tribunal de alzada.

   "Que sobre la decisión adoptada por el tribunal de alzada el 26 de agosto pasado en el ingreso Rol N° 2221-15, no es procedente recurrir de amparo ni puede otra sala de la Corte de Apelaciones de Santiago constituirse en tribunal revisor de dicha sentencia. Darle competencia impropia como tribunal superior a una sala de Corte de Apelaciones respecto de otra afecta seriamente las reglas sobre competencia de orden público contenidas en el Código Orgánico de Tribunales, entre ellas la del grado y jerarquía, y puede constituir seriamente una vulneración del artículo 7° de la Constitución Política de la República, se confirma la sentencia apelada de once de septiembre de dos mil quince, escrita de fojas 101 a 107", sostiene el fallo.

   La decisión se adoptó con el voto en contra del abogado Prado.

   FALLO CONFIRMATORIO CORTE SUPREMA

   Fuente: Portal del Poder Judicial de Chile.

lunes, 14 de septiembre de 2015

CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO DE CHILE RECHAZÓ RECURSOS DE PROTECCIÓN DE INTERNOS DEL PENAL PUNTA PEUCO

   La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó los recursos de protección presentados por siete internos del Penal Punta Peuco en contra del Tribunal de Conducta del recinto carcelario que los calificó en Lista 2 para acceder a beneficios intrapenitenciarios.

   En fallos divididos, la Duodécima Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Omar Astudillo, Maritza Villadangos y el abogado (i) Eduardo Morales– rechazó las acciones cautelares presentadas por las defensas de José Aguirre Aguirre, Conrado Sesnic Guerricabeitía, Claudio Fuentes Salazar, Victor Donoso Barrera, Hugo González D'Arcangeli, Francisco Toledo Puente y Maximiliano Ferrer Lima, condenados por diversa causas de violaciones a los derechos humanos.

   Los fallos sostienen que las decisiones del Tribunal de Conducta que calificaron en Lista 2 a los internos no constituyen actuar arbitrario.

   "Entonces, de un modo diferente al que sugiere su denominación, el "Tribunal de Conducta" no tiene poder decisorio. Antes bien, es un órgano colegiado que recomienda o sugiere la concesión del beneficio carcelario y con la particularidad, además, que su proceder se encuentra determinado por instrucciones u órdenes que le son impuestas por el Director Regional respectivo. Acontece que la pretensión cautelar que se examina no se ha enderezado respecto de la Comisión de Libertad Condicional –que es el órgano decisor–, ni contra Gendarmería de Chile, que es la autoridad que regló las actuaciones de la recurrida. Lejos de ello, ni a una ni a otra se les atribuye alguna ilegalidad o arbitrariedad", sostienen los fallos.

   Resoluciones que agregan: "Ahora, examinado el asunto desde la óptica que se viene refiriendo, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad en las tareas ejecutadas por el "Tribunal de Conducta del Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco" que haya afectado las garantías constitucionales que señala el recurso. Por lo pronto, porque se ajustó a la normativa e instrucciones que le fueran impartidas en la materia y porque la clasificación en Lista 2 de los recurrentes es la consecuencia necesaria de los parámetros a los que debía ajustarse; y, enseguida, porque la decisión de denegar el beneficio fue adoptada finalmente por la Comisión de Libertad Condicional".

   La decisión se adoptó con el voto en contra del abogado Eduardo Morales, quien sí consideró que hubo actuar arbitrario en la decisión del tribunal recurrido.

   SENTENCIA SRES. AGUIRRE, SESNIC Y FUENTES

   FALLO SRES. DONOSO, GONZÁLEZ Y TOLEDO

   FALLO SR. FERRER

   Fuente: Portal del Poder Judicial de Chile.

martes, 25 de agosto de 2015

CORTE DE SANTIAGO DE CHILE CONFIRMÓ FALLO Y ORDENÓ AL FISCO INDEMNIZAR POR DEFICIENTE INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

   La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia de primera instancia que condenó al Estado de Chile a pagar la suma de $30.000.000 (treinta millones de pesos) a imputado que fue absuelto en un juicio oral, en junio de 2004, causa que fue investigada por más de un año por el Ministerio Público.

   En fallo unánime, la Tercera Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Gloria Solís y el abogado (i) Mauricio Decap- ratificó en todas sus partes y sin modificaciones la sentencia que ordenó el pago indemnizatorio a Marcelo Meriño Aravena.

   La sentencia de primera instancia, dictada por la jueza del Primer Juzgado Civil de Santiago, Marcela Solar Echeverría, determinó la responsabilidad del fisco en la falta de diligencia de organismo persecutor al conducir la investigación.

   "Que, al respecto se debe establecer que la responsabilidad del Estado, de la cual el actor hace nacer su acción indemnizatoria, dice relación con el artículo 5 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, ya aludido en esta sentencia, y no de la falta de servicio que se consagra en la Ley de Bases de la Administración del Estado, por cuanto ese sólo fundamento, basta para rechazar la excepción opuesta por el Fisco de Chile, habida cuenta que no fue motivo o fundamento jurídico de la acción de autos, las normas de responsabilidad que se contemplan en dicha ley. Que, se debe agregar que los términos en que se encuentra redactado el artículo 5 de la Ley 19.640, no cabe otra interpretación más que la responsabilidad del Estado en los hechos aludidos en el precepto legal, son de carácter objetivo, habida consideración que el legislador consigno que "El Estado será responsable por las conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias del Ministerio Público", sin expresar que ellas fuesen realizadas con dolo o culpa de sus agentes, haciendo sólo mención a estos elementos de responsabilidad en lo que dice relación con la facultad del Fisco de Chile de repetir en contra de los funcionarios de dicho órgano persecutor, pero liberando a la posible víctima de un error arbitrario o ilegal de la carga de acreditar tales circunstancias, lo que en definitiva, conlleva a establecer que acreditándose por el actor el hecho o circunstancia de no haber cumplido la demandada con el principio de objetividad que regula a las fiscalías, nacerá la obligación de indemnizar a la parte, quedando entonces, sujeto a un régimen de responsabilidad objetivo y no subjetivo como aquél a que hace referencia el artículo 2314 y siguientes del Código Civil", sostiene el fallo de primera instancia.

   Resolución que agrega: "Existiendo entonces, sendas sentencias firmes y ejecutoriadas, y donde no consta que el demandado haya objetado por medio del recurso de nulidad interpuesto, todo lo que dice referencia a su falta de acuciosidad en la prosecución de la investigación penal, sino que se circunscribió a objetar la valoración de la prueba efectuada por el tribunal penal de primera instancia para absolver a don Marcelo Meriño Aravena, no queda más que tener por establecida la falta de diligencia y cuidado en su obligación legal de llevar una investigación de este tipo, con lo cual, consecuencialmente, se alejó del principio de objetividad que lo gobierna y que se encuentra recogido en el artículo 83 de la Constitución Política de la República y replicado en el artículo 5 de la Ley Orgánica Constitucional del ente persecutor. Lo anterior, en consecuencia, derriba los argumentos esgrimidos como defensa por la parte demandada, habida cuenta que toda la prueba rendida por éste va encaminada a que en esta sede se califique si los medios de prueba fueron suficientes para cumplir con una labor acuciosa y que en virtud de ellos se califique en esta sede civil, el actuar diligente o negligente del ministerio público; situación que fue zanjada en dicha sede penal y ratificada por la Excma. Corte Suprema, sin que el actor hubiese objetado ante el Tribunal Superior de justicia la imputación que el tribunal de primera instancia hizo referente a su labor investigativa, no siendo pertinente pretender en esa sede civil ponderar si dichos elementos probatorios fueron o no suficientes para iniciar una investigación y acusar al demandante de autos, por cuanto, el reproche que se hace en la demanda, lo es por haber omitido los antecedentes exculpatorios".

   SENTENCIA CONFIRMATORIA CORTE DE SANTIAGO

   FALLO PRIMER JUZGADO CIVIL SANTIAGO

   Fuente: Portal del Poder Judicial de Chile.

TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL DE VALDIVIA (CHILE) POR UNANIMIDAD CONDENÓ A 818 DÍAS DE PENA REMITIDA A CONDUCTORES QUE PROVOCARON FATAL ACCIDENTE DE TRÁNSITO

   El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia condenó hoy  –lunes 24 de agosto– a 818 días de pena remitida a Walter Hernán Zúñiga González y Rodrigo Hallem Calfulef Ávila, por la responsabilidad como autores  de cuasidelito de homicidio y lesiones graves, ilícitos perpetrados la madrugada del 14 de julio de 2013.

   En fallo unánime, el tribunal –integrado por los magistrados Gloria Sepúlveda Molina (presidenta), Alicia Faúndez Valenzuela y Guillermo Olate Aránguiz– dio por acreditada la participación de ambos imputados en calidad de autores de cuasidelito de homicidio y lesiones graves.

   Los hechos

   En el veredicto, el tribunal da por acreditado que, aproximadamente a las 4.40 horas de la madrugada del 14 de julio de 2013, "Walter Hernán Zúñiga González conducía por calle Picarte el taxi colectivo marca Chevrolet, modelo Chevy, color negro, placa patente única YC-17.89, con cuatro pasajeros en su interior y al efectuar el viraje a la izquierda, hacia calle Simpson sin respetar la señalética del semáforo, fue impactado en su costado derecho por el vehículo marca Jac, modelo A137, placa patente única DF.FT-38 conducido por Rodrigo Hallem Calfulef Ávila que transitaba a una velocidad no menor a los 100 kilómetros por hora y sin sus luces frontales encendidas por Avenida Ramón Picarte en dirección al centro de la ciudad".

   Producto del fuerte impacto, resultaron fallecidos los pasajeros del taxi colectivo Carolina Abigail Monsalve Duarte, Héctor Rodrigo Tapia Cisternas y Vania Giselle Urrutia González; en tanto, la pasajera Teolinda Inés Sotomayor Arauco sufrió lesiones de carácter grave.

   SENTENCIA TOP VALDIVIA

   Fuente: Portal del Poder Judicial de Chile.