tag:blogger.com,1999:blog-11580530411454668662024-02-20T09:29:38.571-08:00Temas de Derecho PenalNuestra intención es constituir un espacio especializado de comentarios e información legal y jurisprudencial, que acerque al lector a la compleja dinámica jurídica que rige al Derecho Penal.Unknownnoreply@blogger.comBlogger163125tag:blogger.com,1999:blog-1158053041145466866.post-37160402588080540312017-01-12T15:31:00.000-08:002017-01-12T15:31:01.099-08:00Con disidencia. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ACOGIÓ INAPLICABILIDAD QUE IMPUGNÓ NORMA SOBRE ACUMULACIÓN DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO POR TRANSGREDIR PRINCIPIO NON BIS IN ÍDEM<div style="text-align: justify;">
<span style="font-style: italic; text-align: justify;">La decisión fue
acordada con el voto en contra de los Ministros Carmona, Peña y García,
quienes estuvieron por rechazar completamente el requerimiento.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
El TC acogió un requerimiento de inaplicabilidad que impugnó la letra b) del artículo 207 de la Ley de Tránsito.</div>
<div style="text-align: justify;">
La gestión pendiente incide en los autos
sobre acumulación de infracciones de que conoce el Segundo Juzgado de
Policía Local de Las Condes.</div>
<div style="text-align: justify;">
En su sentencia, y en torno a la
infracción del principio del non bis in ídem, expone la Magistratura
Constitucional que existe un mismo hecho (infracción a la ley del
tránsito consistente en conducir a exceso de velocidad con una
determinada calificación en cuanto a su gravedad), el cual no sólo es
susceptible de ser valorado como circunstancia agravante de
responsabilidad de una segunda infracción similar, sino que, además,
sirve de elemento esencial para una nueva sanción. El mismo hecho que
originó la primera sanción es parte constituyente indispensable de una
nueva hipótesis sancionable.</div>
<div style="text-align: justify;">
A lo que cabe añadir, indica el TC, que
se trata de dos sanciones, las que lógicamente no difieren en cuanto a
la función que cumplen y efecto que generan: junto a una función
retributiva, existe una función disuasoria (e, incluso, la función de
incapacitación temporal). Igualmente, en ambos casos se resguarda el
mismo bien jurídico, entendido éste como el interés colectivo o realidad
social valorada. Hay entonces, dos sanciones sucesivas en el tiempo
respecto de un mismo acto reprochable, lo que hace evidente la doble
valoración de un mismo hecho ya sancionado.</div>
<div style="text-align: justify;">
Debiendo tenerse presente además que en
el caso de autos existe identidad subjetiva (el sujeto afectado es el
mismo), identidad fáctica (el hecho original que ha merecido una sanción
es el mismo que se ha tenido en consideración para la imposición de una
segunda sanción) e identidad del fundamento (se protege el mismo bien
jurídico o interés colectivo y las sanciones que se imponen
sucesivamente en el tiempo tienen idéntica naturaleza y cumplen las
mismas funciones), expone la sentencia.</div>
<div style="text-align: justify;">
Y es que lo grave, desde esta
perspectiva, es que el precepto impugnado permite la doble valoración de
la reincidencia y lo hace, además, de una manera especialmente
excesiva, esto es, por la vía de la imposición adicional de una sanción,
propiamente tal, y de magnitud incrementada. En este caso, una misma
conducta es sancionada, luego tenida como agravante de un segundo hecho
similar y, por último, sancionada nuevamente (incluso con penas
potencialmente más severas).</div>
<div style="text-align: justify;">
Asimismo, agrega enseguida el fallo que
se infringe el principio de proporcionalidad, por cuanto, llevado al
caso de autos, se constata que del principio de proporcionalidad “se
prescinde manifiestamente cuando, como en la especie, a las dos penas de
multa impuestas por dos infracciones graves, cualesquiera que éstas
sean, se adiciona la de suspender la licencia de conducir sin tener en
cuenta si las conductas en que incurrió anteriormente el infractor o los
antecedentes del mismo, revelan una especial peligrosidad que amerite
la aplicación de la suspensión de la licencia de conducir”.</div>
<div style="text-align: justify;">
Motivos anteriores en virtud de los cuales fue acogido el requerimiento de autos.</div>
<div style="text-align: justify;">
La decisión fue acordada con el voto en
contra de los Ministros Carmona, Peña y García, quienes estuvieron por
rechazar completamente el requerimiento, toda vez que, en esencia,
señalan que la actitud reiterada de contravención de las reglas de
tránsito es evaluada negativamente por el legislador, imponiéndole una
sanción especial si es que la reincidencia se produce en un tiempo
determinado (menos de doce meses). Para la imposición de dicha sanción
existe un trámite especial, más efectivo, ante el Juzgado de Policía
Local del domicilio del infractor.</div>
<div style="text-align: justify;">
Lo anterior, ya que la naturaleza
distinta del procedimiento así fue definida por el legislador, dentro de
su ámbito de competencia, al establecer un “trámite, sin forma de
juicio, ante el Juez de Policía Local, que permitirá en forma rápida y
garantizando los derechos del afectado, hacer efectivas las penas de
cancelación o suspensión por reincidencia del titular de una licencia en
infracciones gravísimas o graves” (Historia fidedigna de la Ley N°
18.287, Tomo II, p. 335);</div>
<div style="text-align: justify;">
Dicha decisión no vulnera el principio
non bis in ídem, expone la disidencia, puesto que el fundamento de la
sanción y la naturaleza del trámite son distintos a los que lo causan
(los dos procedimientos infraccionales por cada infracción cometida). La
identidad exigida entre los procedimientos sólo concurre en la persona y
no en la configuración normativa de los hechos ni en los fundamentos;</div>
<div style="text-align: justify;">
Tampoco constituye una pena
desproporcionada. La sanción establecida en el artículo 207, letra b),
se encuentra perfectamente determinada y predeterminada, dejando a
discrecionalidad del juez disponer si la suspensión es de 45 o más y
hasta 90 días. Hay que precisar una comparación en este caso concreto.
Fueron cometidas las dos infracciones gravísimas por exceso de velocidad
de aquellas que implica superar en más de 20 kilómetros la velocidad
permitida (artículo 203 inciso 4° de la Ley de Tránsito). El artículo
207 literal a) le permitía al Juez de Policía Local imponerle 45 días de
suspensión por cada una de ellas. En los hechos, se le aplicaron multas
que acumularon 20 días de suspensión. No deja de ser paradójico que
constituya una hipotética vulneración al principio non bis in ídem que
puedan sumárseles 45 y hasta 90 días más en circunstancias que ese pudo
ser el monto completo de las suspensiones si se aplicaran en el máximo,
atendida la reiteración de conductas.</div>
<div style="text-align: justify;">
De ese modo, concluyen estos Ministros
aduciendo que el fundamento de la pluralidad de infracciones está
orientado a apreciar un disvalor diferente a aquel que comete quien
incurre en una infracción común de tránsito. La suspensión de la
licencia de conducir es un efecto o consecuencia de la pluralidad de
infracciones que demuestran el incumplimiento del mínimo esencial que
todo conductor debe observar: respeto por los derechos de terceros
puestos en peligros potenciales por conductores que manifiestan un alto
nivel de desaprensión y desafección por la norma. El legislador se
orienta hacia “el infractor contumaz y perseverante” (Historia de la Ley
N° 19.495, p. 623) y el bien jurídico tutelado no es el mismo agredido
por el reproche ya juzgado por una conducta específica sino que la
contumaz reincidencia que exige una disuasión legítima que inhiba tales
contravenciones</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="http://www.tribunalconstitucional.cl/descargar_sentencia.php?id=3381">Vea texto íntegro de la sentencia.</a></div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/expedientes?rol=3000">Vea texto íntegro del requerimiento y del expediente Rol Nº 3000-16.</a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #999999;"><span style="font-size: xx-small;">Fuente: Diario Constitucional de Chile</span></span> </div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1158053041145466866.post-31079681504594195442017-01-11T17:15:00.003-08:002017-01-11T17:16:08.554-08:00CORTE SUPREMA ACOGE RECURSOS Y ANULA SENTENCIAS EN DOS CAUSAS POR MICROTRÁFICO POR NO DETERMINAR PUREZA DE DROGA INCAUTADA<br />
<div style="text-align: justify;">
La Corte Suprema acogió los recursos de nulidad y decretó la absolución
de condenados por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes en
pequeñas cantidades al no determinarse el grado de pureza y peligrosidad
de la droga incautada como exige la norma legal.</div>
<div style="text-align: justify;">
En el primer fallo (causa rol 87.740-2016), la Segunda Sala del máximo
tribunal –integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller,
Lamberto Cisternas, Jorge Dahm y el abogado (i) Jorge Lagos– absolvió a
Jorge Ángel Téllez y Ángela Carrasco Carrasco, condenados en primera
instancia a 4 años de presidio, como autores del delito de tráfico de
marihuana, que habrían perpetrado en la ciudad de Osorno, en septiembre
de 2015.</div>
<div style="text-align: justify;">
Decisión adoptada con los votos en contra del ministro Dahm y el abogado Lagos.</div>
<div style="text-align: justify;">
En el segundo fallo (causa rol 92.899-2016), la Segunda Sala de la
Corte Suprema –integrada por los ministros Milton Juica, Carlos
Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Jorge Dahm– decretó la
absolución de Hugo Garay Macaya, condenado a 541 días de presido, en
calidad de autor del delito de tráfico de marihuana en pequeñas
cantidades, ilícito que habría perpetrado en Viña del Mar, en septiembre
de 2015.</div>
<div style="text-align: justify;">
Decisión adoptada con los votos en contra de los ministros Brito y Dahm.</div>
<div style="text-align: justify;">
En ambos casos, la Sala Penal reiteró que la determinación de la pureza
y el grado de peligrosidad de la droga es esencial para dictar condena
en este tipo de delito.</div>
<div style="text-align: justify;">
"Tratándose de la infracción penal en examen, su lesividad consiste en
el peligro concreto que debe revestir la sustancia estupefaciente
respectiva para la salud pública -objeto jurídico de protección-
derivado de su naturaleza, peso o cantidad, contenido, composición y
grado de pureza", sostiene los fallos.</div>
<div style="text-align: justify;">
Resoluciones que agregan: "En esta línea, esta Corte ha resuelto que si
el informe regulado en el artículo 43 de la Ley N° 20.000 no estableció
la pureza o concentración de la droga, sino únicamente la presencia del
estupefaciente, resulta imposible determinar si ella tiene o no
idoneidad o aptitud como para producir graves efectos tóxicos o daños
considerables en la salud pública y, por consiguiente, los hechos
tenidos por comprobados no pueden ser castigados como tráfico de
sustancias estupefacientes o sicotrópicas (SCS N° 4215-12, de 25 de
julio de 2012). En ese sentido, la carencia de informe sobre la pureza
de la sustancia dubitada y su composición redunda en la imposibilidad de
adquirir la certeza demandada por el artículo 340 del Código Procesal
Penal respecto de la lesividad o dañosidad social de la conducta
atribuida al enjuiciado".</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<table align="left" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 390px;"><tbody>
<tr><td><span style="color: navy;"><b>VER FALLOS (PDF)</b></span></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.pjud.cl/documents/396729/0/NULIDAD+MARIHUANA+OSORNO.pdf/2b4534ca-1697-4efc-a646-382a4b3f2921"><span style="color: navy;"><b>Causa rol 87.740-2016</b></span></a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.pjud.cl/documents/396729/0/NULIDAD+MARIHUNA+VINA+DEL+MAR.pdf/7b8a498c-298b-42aa-9879-094efc42e4d7"><span style="color: navy;"><b>Causa rol 92.899-2016</b></span></a></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</tbody></table>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1158053041145466866.post-63784612846045149872017-01-04T07:38:00.003-08:002017-01-04T07:38:33.744-08:00CORTE SUPREMA ORDENA AL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR PAGAR INDEMNIZACIÓN POR MUERTE DE MENOR EN HOSPITAL DE BUIN<div style="text-align: justify;">
La Corte Suprema confirmó la sentencia recurrida que condenó al
Servicio de Salud Metropolitano Sur a pagar una indemnización de
$40.000.000 (cuarenta millones pesos) al padre de una niña que falleció,
en mayo de 2012, por el tardío tratamiento recibido en el Hospital San
Luis de Buin.</div>
<div style="text-align: justify;">
En fallo unánime (causa rol 73.778-2016), la Tercera Sala del máximo
tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, Rosa Egnem, María
Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz y el abogado (i) Carlos Pizarro–
rechazó el recurso de casación presentado en contra de la sentencia que
condenó al servicio a indemnizar a Marcos Catalán Medina, padre de la
menor que sufría una anemia severa y que murió el 10 de mayo de 2012,
por no recibir a tiempo una transfusión de sangre.</div>
<div style="text-align: justify;">
La sentencia del máximo tribunal ratifica los hechos establecido en el fallo recurrido:<br />
"1.- Al nacer, Noemí Catalán Acevedo presentó una hipoxia perinatal,
que a su vez le produjo una parálisis cerebral y epilepsia secundaria
refractaria a tratamiento. Se rehabilitaba en la fundación Teletón y en
el último tiempo había presentado dos episodios de anemia, en noviembre
de 2011 y marzo de 2012, que fueron tratados en el Hospital Exequiel
González Cortés mediante transfusiones de sangre.<br />
En la ficha clínica de este centro asistencial, fue diagnosticada de "anemia severa y/ crónica".<br />
2.- El día 10 de mayo de 2012, a las 17:04 horas, Noemí Catalán
Acevedo, de entonces 12 años de edad, llegó en ambulancia al servicio de
urgencias del hospital San Luis de Buin, derivada desde el consultorio
de Paine, acompañada de su madre, con semblante compatible con una
anemia, donde se le practicó un primer examen de hematocrito. Además,
presentaba palidez extrema, taquicardia de 174 por minuto, presión
arterial de 81/35 m.m. hg, saturación 100% con oxígeno ambiental,
temperatura de 37,8 axilar, se encontraba muy enflaquecida, con bajo
peso para su edad, con epasticidad de las extremidades, su cabeza tendía
a caer y no permanecía erguida.<br />
3.- Mientras se procesaban los exámenes, la paciente –que no fue
internada– y su madre, se retiraron a la casa de un familiar para
esperar el resultado, siguiendo las instrucciones dadas en el mismo
hospital, regresando entre las 20:00 y las 21:00 horas, oportunidad en
que se le efectuó un segundo examen de hematocrito. En esta ocasión, la
paciente fue tratada con bolos de suero fisiológico y oxígeno por
encontrarse en shock.<br />
4.- El histograma de la máquina existente del Hospital San Luis de
Buin, no fue capaz de realizar el hematocrito ni la hemoglobina de las
tres muestras analizadas por anemia refractaria a tratamiento de la
paciente, pues su capacidad era para determinados rangos y los de Noemí,
estaban por debajo de ellos.<br />
5.- Cerca de las 23:00 horas, la pediatra de turno efectuó la petición
de traslado al hospital Exequiel González Cortés, único centro
pediátrico que a esa época contaba con banco de sangre, desde donde se
respondió de manera negativa por falta de cupo.<br />
6.- A las 1:20 horas del día 11, Noemí Catalán Acevedo presentó un paro
cardiorespiratorio del que no logró recuperarse, falleciendo en el
lugar.<br />
7.- La causa del fallecimiento de Noemí Catalán Acevedo, fue la falta
de transfusión de glóbulos rojos que antes había recibido y que no podía
otorgársele en la comuna de Buin, único tratamiento de rescate, que si
bien no curaría su enfermedad –anemia– sí habría evitado su muerte
inmediata", sostiene el fallo.</div>
<div style="text-align: justify;">
La resolución agrega que "sobre la base de tales hechos, los
sentenciadores del fondo concluyeron la falta de servicio en que
incurrió el órgano demandado, por la tardía entrega de atención del
Estado como prestador de salud, por haber incrementando el riesgo para
Noemí Catalán Acevedo, quien si bien adolecía de problemas físicos y
patologías que limitaban sus expectativas de vida, imponían al Servicio
adoptar todas las medidas paliativas y de tratamiento con que contaba en
esa época, aunque no por ello asegurara sanación, pero sí, al menos,
comportarse en cumplimiento del deber de cuidado que ha asumido por
mandato legal y de esta manera hacer uso de todos sus recursos a fin de
disminuir el daño, excluyendo la muerte".</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<table align="left" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 390px;"><tbody>
<tr><td><span style="color: navy;"><strong>VER FALLOS (PDF)</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td>
<a href="http://www.pjud.cl/documents/396729/0/SAN+MIGUEL+HOSPITAL+BUIN+SUPREMA.pdf/766c3c7b-0b4f-4c54-be4f-758819e85367"><span style="color: navy;"><strong>Corte Suprema</strong></span></a></td>
</tr>
<tr>
<td>
<a href="http://www.pjud.cl/documents/396729/0/SAN+MIGUEL+HOSPITAL+BUIN+CORTE.pdf/0c46b7e8-aaa2-4434-9b8a-fbe5311084f9"><span style="color: navy;"><strong>ICA San Miguel</strong></span></a></td>
</tr>
<tr>
<td>
<a href="http://www.pjud.cl/documents/396729/0/SAN+MIGUEL+HOSPITAL+BUIN+PRIMERA.pdf/b38b2e3d-0bab-4f40-aec3-20843c392291"><span style="color: navy;"><strong>Primera instancia</strong></span></a></td><td><span style="color: navy;"><strong> </strong></span></td><td><span style="color: navy;"><strong> </strong></span></td><td><span style="color: navy;"><strong> </strong></span></td></tr>
</tbody></table>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1158053041145466866.post-91642711051871558172017-01-04T05:41:00.003-08:002017-01-04T05:41:28.329-08:00CASO LUCHSINGER-MACKAY: CORTE DE APELACIONES DE TEMUCO ORDENA EL REINGRESO EN PRISIÓN PREVENTIVA DE CINCO COMUNEROS IMPUTADOS<br />
<div style="text-align: justify;">
La Corte de Apelaciones de Temuco revocó hoy –viernes 30 de diciembre-
la resolución apelada, decretada por el Juzgado de Garantía de la ciudad
el 23 de diciembre pasado, y ordenó el reingreso en prisión preventiva
de Sergio Marcial Catrilaf Marilef, Sabino Catrilaf Quidel, Juan Segundo
Tralcal Quidel, Aurelio Catrilaf Parra y Eliseo Ariel Catrilaf Romero,
imputados por el Ministerio Público (junto a otros 6 comuneros
mapuches) como responsables del delito de homicidio con incendio de
carácter terrorista del matrimonio de Werner Luchsinger y Vivian Mackay,
ilícito perpetrado la madrugada del 4 de enero de 2013, en el fundo
Granja Lumahue, en la comuna de Vilcún.</div>
<div style="text-align: justify;">
En fallo unánime (causa rol 1411-2016), la Primera Sala del tribunal de
alzada –integrada por los ministros Luis Troncoso Lagos, Aner Padilla
Buzada y María Elena Llanos Morales– revocó la resolución apelada, que
había decretado el arresto domiciliario total y el arraigo nacional de
los imputados.</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
"Atendido el mérito de los antecedentes, lo expuesto por los
intervinientes en audiencia, así como, la etapa procesal en la cual se
encuentra la presente causa y el estándar probatorio que debe exigirse
en la misma, no siendo la instancia para realizar valoraciones de la
prueba que funda la investigación, estima esta Corte que no existen
nuevos antecedentes que permitan modificar los razonamientos tenidos a
la vista al momento de decretar la prisión preventiva, lo que determina
que se mantienen los presupuestos contenidos en las letras a), b) y c)
del artículo 140 del Código Procesal Penal, considerando especialmente
la gravedad de la pena asignada a los delitos por los cuales fueron
acusados los encartados, la naturaleza y carácter de los mismos,
circunstancias que hacen estimar que su libertad es un peligro para la
seguridad de la sociedad", sostiene el fallo del tribunal de alzada.</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
Por tanto, concluye: "SE REVOCA la resolución apelada de fecha
veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, que dispuso sustituir la
prisión preventiva respecto de los imputados SERGIO MARCIAL CATRILAF
MARILEF; JUAN SEGUNDO TRALCAL QUIDEL; AURELIO CATRILAF PARRA; ELISEO
ARIEL CATRILAF ROMERO Y SABINO CATRILAF QUIDEL y, en su lugar, se
resuelve que se mantiene la prisión preventiva respecto de los referidos
imputados".</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
<a href="http://www.pjud.cl/documents/2538862/0/Resolucion+Corte.pdf/b6cde23f-ec7e-4c65-acd0-36dca52a72ef">Ver fallo (PDF)</a></div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
<span style="color: #999999;"><span style="font-size: xx-small;">Fuente: Portal del Poder Judicial de Chile</span></span> </div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1158053041145466866.post-61479157947883321372017-01-03T13:10:00.001-08:002017-01-03T13:10:11.616-08:00En fallo dividido. CORTE SUPREMA ACOGIÓ CASACIÓN PRESENTADA POR EL FISCO Y DICTA PENAS EFECTIVAS POR ASOCIACIÓN ILÍCITA EN LA EX COLONIA DIGNIDAD<div style="text-align: justify;">
<span style="font-style: italic; text-align: justify;">Asimismo, el
máximo Tribunal confirmó los sobreseimientos definitivos, por muerte, de
los ciudadanos alemanes Albert Schreiber, Paul Schäfer, Gisella
Gruhlke, Renate Freitag, Gerd Seewald; y el miembro del Ejército Manuel
Contreras.</span> </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
La Corte Suprema condenó a los
ciudadanos alemanes Kurt Schnellemkamp Nelaimischkies, Gerhard Mücke
Koscchitze, Karl Van Den Berg Schurmann y los miembros en retiro del
Ejército Fernando Gómez Segovia y Pedro Espinoza Bravo a penas de 5 años
y un día de presidio efectivo, en calidad de autores del delito de
asociación ilícita, perpetrado a partir del 11 de septiembre de 1973, en
la ex Colonia Dignidad, comuna de Parral, Séptima Región.<br />
Es decir, el máximo Tribunal elevó la pena dictada en primera instancia y
confirmada por la Corte de Santiago, de 4 años de presidio, con el
beneficio de la libertad vigilada.<br />
Además, la Corte Suprema confirmó los sobreseimientos definitivos, por
muerte, de los ciudadanos alemanes Albert Schreiber Rauschenberger, Paul
Schäfer Schneider, Gisella Gruhlke Hann, Renate Freitag Hartmann, Gerd
Seewald Lefevre; y el miembro del Ejército Manuel Contreras Sepúlveda.
Asimismo, confirmó la absolución por falta de participación, de Rebeca
Schäfer Schneider, Peter Schmidt Spinti, Matthias Gerlach Marschke y
Friedhelm Zeitner Bohnau.<br />
En la etapa de investigación, señala el máximo Tribunal, el Ministro en
visita Jorge Zepeda logró establecer los siguientes hechos:<br />
"Al amparo de la "Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad" se
organizó una estructura jerarquizada que planificó y ejecutó múltiples
delitos, integrada por personas que fueron miembros y colaboradores de
esa corporación, actividad que se inicia a lo menos desde el año l970 en
adelante, según consta fehacientemente de la documentación encontrada
durante el año 2005 al interior del ex fundo "El Lavadero", ex "Colonia
Dignidad", actualmente conocida dicha propiedad rural como "Villa
Baviera", predio situado al interior del pueblo de "Catillo", comuna de
Parral, Séptima Región; estructura que continuó organizada después de la
disolución de la fundación dispuesta por la autoridad administrativa
competente, precisamente disuelta por "desviación del objeto de ésta.<br />
Que, dicha estructura perfectamente organizada con el fin de actuar
ilícitamente, contaba con un superior o mando responsable, el cual
también estaba muy bien informado con un sistema creado al efecto, y si
bien no implicaba ello constituir formalmente una organización
tradicional militar, si lo era en cuanto a la aplicación de reglas,
experiencias y adiestramiento propias de una actividad de esa
naturaleza, contando de esa forma con capacidad suficiente para llevar a
cabo operaciones militares y con la posibilidad plena de imponer una
disciplina de ese carácter.<br />
Que, el sistema de información creado por el líder y su jerarquía
desarrolló: aspectos de archivo político, búsqueda de información,
intento de intervención de los sistemas clasificados de comunicaciones
de las fuerzas armadas, registro de personas, determinadamente de
detenidos políticos, algunos de los cuales fueron interrogados dentro de
la ex "Colonia Dignidad", asignándoseles apodos a los informantes,
estableciendo canales para entregar la información, con diferencias en
el tipo de información que se entregaba, esto es, archivos y borradores,
además, muchas de las personas indagadas estaban ubicadas en Argentina y
en otros países de este hemisferio y de Europa, lo que permitiría
eventualmente ellas ser el blanco de alguna operación en su contra;
además de información sobre autoridades civiles, religiosas, ex
militares, militares en servicio activo y actividades profesionales de
éstos. Creando con tal fin un vínculo o relación entre la DINA
(Dirección de Inteligencia Nacional) y ellos.<br />
Que, además, el carácter sostenido y concertado de estas operaciones no
coinciden en absoluto por su duración y persistencia con algún hecho
esporádico, sino que por el contrario, su forma de ser se caracterizó en
que la organización liderada por el "führer" o "jefe", tuvo siempre un
actuar organizado, ordenado y preparado, con capacidad de desarrollar el
protocolo diseñado, con estructura suficiente para ejecutarlo.<br />
Que se operó además en un sistema con características propias de las
sectas, utilizando la religión y el vínculo con la autoridad militar de
la época que gobernaba en Chile, mecanismo que favoreció al líder, al
abusar éste de la propia comunidad a la que pertenecía e impunemente
desarrollar su conducta pedófila criminal, en contra de los desgraciados
niños que quedaban a su alcance".<br />
Investigación que establece que: "A lo menos al 11 de septiembre de 1973
y en la época posterior a esta fecha, los miembros de la organización
de la ex "Colonia Dignidad" se armaron, adecuándose mediante un preciso
protocolo a acciones de colaboración con los organismos de seguridad del
régimen militar instaurado en el país, determinadamente, con la
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA en adelante), por medio de los
oficiales de ejército que la componían.<br />
En efecto, se verifica que existió una estrecha relación entre la DINA y
la referida estructura jerárquica de la ex "Colonia Dignidad".<br />
Efectivamente, aparece de los antecedentes reunidos por este tribunal
que, con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, la DINA, con
conocimiento y en concierto con los jefes de la ex "Colonia Dignidad",
este enclave alemán implementó parte de sus actividades utilizando las
instalaciones de la referida colonia alemana, secuestrando a civiles que
fueron conducidos a ella y mantenidos en esa condición en su interior.<br />
También se estableció, en parte por medio del reconocimiento de los
propios colonos alemanes, que el líder mantuvo dentro de la ex "Colonia
Dignidad" detenidos por razones políticas y que un número indeterminado
de vehículos, vinculados a desaparecidos, fueron enterrados en ese
predio, según pudo constatar el tribunal al aparecer cierto número de
piezas de automóviles que fueron desenterradas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="http://www.pjud.cl/documents/396729/0/ASOCIACION+ILICITA+DIGNIDAD+SUPREMA.pdf/6dea2b48-3441-4d52-9186-6379fa605581">Vea texto íntegro de la sentencia.</a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #999999;"><span style="font-size: xx-small;">Fuente: Diario Constitucional de Chile</span></span> </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1158053041145466866.post-59020372402916785222017-01-03T08:23:00.003-08:002017-01-03T08:23:34.225-08:00CORTE SUPREMA CONDENA CARABINEROS Y MILITARES (R) POR SECUESTRO Y HOMICIDIOS EN ÑUÑOA Y SANTIAGO<br />
<div style="text-align: justify;">
La Corte Suprema confirmó las sentencias recurridas que condenaron a
carabineros y personal del Ejército en retiro por los delitos de
secuestro calificado y homicidio calificado, perpetrados las comunas de
Ñuñoa y Santiago, respectivamente, en 1973.</div>
<div style="text-align: justify;">
En el primer fallo (causa rol 76.273-2016), la Sala Penal del máximo
tribunal –integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller,
Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Jorge Dahm– rechazó el recurso de
casación y confirmó la sentencia que condenó a los miembros de
carabineros en retiro Fernando Contreras Torres y Pedro Herrera Mossuto a
penas de 7 años de presidio, en calidad de autores del delito de
secuestro calificado de Héctor Vásquez Sepúlveda, ilícito perpetrado a
partir del 18 de octubre de 1973, en la población La Faena, ubicada,
entonces, en la comuna de Ñuñoa, y actualmente en Peñalolén.</div>
<div style="text-align: justify;">
En la etapa de investigación, el ministro Mario Carroza logró establecer los siguientes hechos:<br />
"Con ocasión de una riña en una cancha de fútbol en la Población La
Faena de la comuna de Ñuñoa, el 7 de octubre de 1973, los integrantes de
la Comisión Civil de la 13ª Comisaría de esa comuna, que estaba a cargo
del entonces subteniente Pedro Herrera Mossuto, acompañado de los
subalternos Francisco Contreras Torres y Juan Manuel Veloso Ortiz,
inician sin orden judicial y por iniciativa propia diligencias para
encontrar a los involucrados en la disputa, y detienen a varios jóvenes
del sector entre los días 15 a 18 de octubre de 1973, luego les
trasladan a la unidad policial y dos de ellos, según consta de causa que
se tiene a la vista, aparecen ejecutados y lanzados sus cuerpos al
Canal San Carlos y otros, luego de su ingreso a la 13ª Comisaría,
desaparecidos.</div>
<div style="text-align: justify;">
Uno de esos jóvenes es Héctor Vásquez Sepúlveda, a cuyo domicilio en la
población La Faena llegó la Comisión vestida de civil el 18 de octubre
de 1973, preguntando por la víctima cuando se estaba bañando, y una vez
que accede a salir, ya que les conocía por ser compañeros de su equipo
"Deportivo Cordillera", conversan entre ellos, y los funcionarios
policiales deciden llevarlo a la unidad, sin expresar motivo alguno a
sus familiares, bajo el solo pretexto que debía efectuar una
declaración.</div>
<div style="text-align: justify;">
Una vez que los acusados se retiran del inmueble con el detenido,
caminan con él a una de las esquinas del sector y detienen a un vehículo
de la locomoción colectiva, al cual se suben con el detenido y lo
trasladan a la 13ª Comisaría.</div>
<div style="text-align: justify;">
Sin embargo, la madre y la hermana de la víctima casualmente viajaban
en el mismo microbús y les preguntan a los aprehensores qué es lo que
harían con él, respondiéndoles que le llevaban solamente para tomar una
declaración en la Comisaría. La madre con esa respuesta queda confiada y
continua su viaje a su trabajo.</div>
<div style="text-align: justify;">
Ese mismo día, al regresar a la casa, la madre se percata que su hijo
no había retornado e inicia de inmediato su búsqueda, pero al recurrir a
la 13ª Comisaría funcionarios policiales le manifestaron que a esa
unidad no había ingresado y que tampoco lo habían detenido.</div>
<div style="text-align: justify;">
Finalmente, pese a todos sus esfuerzos, nunca le encuentran y desde ese
momento no se tienen más noticias de su persona, como tampoco registra
salidas o entradas al país y menos consta su defunción en el registro
civil".</div>
<div style="text-align: justify;">
En el aspecto civil, la Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó la
sentencia que condenó al fisco a pagar $50.000.000 (cincuenta millones
de pesos) a familiares de la víctima.</div>
<div style="text-align: justify;">
<strong>Dirigentes sindicales</strong><br />
En el segundo fallo (causa rol 41.122-2016), la Sala Penal –integrada
por los ministros Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Andrea Muñoz, Jorge
Dahm y la abogada (i) Leonor Etcheberry– confirmó la sentencia que
condenó a cuatro miembros del Ejército en retiro por los homicidios de
los dirigentes sindicales de la empresa Chilean Autos, Luis Herrera
González y Mario Parra Guzmán, ilícitos perpetrados el 27 de septiembre
de 1973, en la Academia de Guerra del Ejército, ubicada en la época de
los hechos en la comuna de Santiago.</div>
<div style="text-align: justify;">
La sentencia confirmó las penas que deberán purgar: Jorge Muñoz
Pontony, 15 años y un día de presidio; a Jaime García Zamorano, 7 años
de presidio, y Pedro Silva Jiménez y Pedro Rivera Piña, 5 años y un día.</div>
<div style="text-align: justify;">
En la etapa de investigación, el ministro Mario Carroza logró
establecer que: "El 27 de septiembre de 1973, alrededor de las 17:00
horas, una patrulla militar concurrió hasta la empresa "Chilean Autos
S.A." y pidió conversar con el encargado de la misma, a quien se le
solicitó la presencia de dos de sus trabajadores, ambos dirigentes
sindicales, Luis Herrera González y Mario Parra Guzmán, quienes al
llegar fueron detenidos por funcionarios del ejército y trasladados a
dependencias de la Academia de Guerra de esa institución castrense,
donde fueron interrogados. Se les mantuvo en la unidad hasta la
madrugada y posteriormente se decidió su ejecución y el abandono de sus
cuerpos en la vía pública. Luis Herrera González perdió la vida por
múltiples heridas a bala tóraco abdominales y Mario Parra Guzmán por
múltiples heridas a bala en extremidades inferiores y una herida
abdominal y pelviana con perforaciones múltiples del intestino y
hemoperitoneo".</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<span style="color: navy;"><strong>VER FALLOS (PDF)</strong></span><br />
<br />
<br />
<span style="color: navy;"><strong><span style="font-size: xx-small;"><span style="color: #999999;">Fuente: Portal del Poder Judicial de Chile</span></span></strong></span>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1158053041145466866.post-89046304606619835582017-01-03T08:15:00.002-08:002017-01-03T08:15:32.639-08:00CORTE DE SANTIAGO ACOGE RECURSO DE AMPARO DE INTERNO DE PENAL PUNTA PEUCO<br />
<div style="text-align: justify;">
La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de amparo
presentado por Víctor Ernesto Donoso Barrera, interno del penal Punta
Peuco, y ordenó su inmediata libertad por haber cumplido la pena
impuesta en septiembre pasado, si no se encuentra privado de libertad
por otras causas.</div>
<div style="text-align: justify;">
En fallo unánime (causa rol 1.514-2016), la Quinta Sala del tribunal de
alzada –integrada por los ministros Juan Manuel Muñoz, María Rosa
Kittsteiner y la abogada (i) Paola Herrera– declaró arbitrario el actuar
del Ministerio de Justicia que se niega a firmar el decreto que otorga
la libertad condicional al interno, beneficio que le fue concedido por
la Comisión de Libertades Condicionales del tribunal de alzada.</div>
<div style="text-align: justify;">
"Es un hecho no rebatido que el condenado empezó a cumplir la pena con
fecha 20 de julio de 2012, culminando con fecha 17 de julio de 2017. En
estas circunstancias, la Comisión de Rebaja de Condena le ha reducido al
amparado un total de diez meses de dicha pena, por resoluciones de
fechas 14 de noviembre de 2013 con dos meses, 17 de noviembre de 2014
con dos meses, 19 de noviembre de 2015 con tres meses, y 15 de noviembre
de 2016 con 3 meses respectivamente. Por consiguiente al 18 de
septiembre de 2016, el amparado tiene la pena corporal cumplida",
sostiene el fallo.</div>
<div style="text-align: justify;">
Resolución que agrega: "Según se desprende del Decreto Exento Nº 2586
de 13 de diciembre de 2016, el Ministerio de Justicia se ha abocado a
una revisión o estudio de los antecedentes que no encuentra sustento en
la normativa específica aplicable en la especie, pues los únicos
requisitos exigibles para la procedencia del beneficio son los
contemplados en el inciso segundo del artículo 7 de la Ley 19.856 y
respecto de los cuales la Comisión ya emitió su veredicto (…) De lo
anterior se desprende que el decreto exento dictado por la autoridad
ministerial referida excede el marco de su competencia, toda vez que en
atención al sistema bipartito establecido por la ley, no le corresponde
revisar requisitos ajenos a la normativa. En consecuencia, queda de
manifiesto que se ha excedido de sus facultades legales al abocarse a la
revisión de requisitos que la ley no ha puesto bajo la esfera de sus
atribuciones, infringiéndose con ello el principio de juridicidad
consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la
República".</div>
<div style="text-align: justify;">
"Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en la norma constitucional citada, <strong>SE ACOGE </strong>el recurso de amparo deducido a favor de Víctor Ernesto Donoso Barrera, <em>disponiéndose su inmediata libertad</em>,
si el amparado no estuviere privado de libertad por causa diversa,
comunicándoselo por la vía más rápida a Gendarmería de Chile, sin
perjuicio de transcribir esta sentencia al Ministerio de Justicia para
que regularice cuanto antes su situación jurídica, debiendo dar cuenta a
esta Corte", concluye.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="http://www.pjud.cl/documents/396729/0/AMPARO+DONOSO+BARERRA+FIRMA+LIBERTAD.pdf/99263395-2c18-4a7a-b73f-9b11acfad3ac"><span style="color: navy;"><strong>Ver fallo (PDF)</strong></span></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: navy;"><strong><span style="font-size: xx-small;"><span style="color: #999999;">Fuente: Portal del Poder Judicial de Chile</span></span> </strong></span></div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1158053041145466866.post-67766592678470347092016-12-16T15:22:00.000-08:002016-12-16T15:22:13.407-08:00TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL DE CONCEPCIÓN DICTA VEREDICTO CONDENATORIO POR CULTIVO Y COSECHA DE MARIHUANA<br />
<div style="text-align: justify;">
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción dictó ayer –jueves
15 de diciembre– veredicto condenatorio en contra de Pamela Andrea
Barragán Saavedra, en calidad de autora del delito consumado de cultivo y
cosecha de especies vegetales del género cannabis, productoras de
sustancias estupefacientes o sicotrópicas, ilícito perpetrado en San
Pedro de la Paz, en enero de 2015.</div>
<div style="text-align: justify;">
En resolución unánime (causa rol 142-2016), el tribunal –integrado por
los magistrados María Paulina García Soto (presidenta), Paula Cruces
López y Cristián Gutiérrez Lecaros (redactor)– tras la deliberación de
rigor, estableció más allá de toda duda razonable, la existencia del
delito y la responsabilidad de la acusada en él, sobre la base de las
declaraciones "(…) de los funcionarios que intervinieron en el
procedimiento, sumado a las fotografías, (prueba) documental y pericial
presentada en el juicio, además de la propia declaración de la
encausada".</div>
<div style="text-align: justify;">
Asimismo, consideró que la prueba de la defensa fue insuficiente "(…)
para dar por asentado que el cultivo y cosecha de la cannabis haya
estado destinada a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el
tiempo".</div>
<div style="text-align: justify;">
La audiencia de comunicación de la sentencia –que será redactada por el
magistrado Gutiérrez Lecaros- quedó programada para las 18.30 horas del
próximo martes 20 de diciembre.</div>
<div style="text-align: justify;">
Según la acusación fiscal, Barragán Saavedra tenía en su departamento,
en la comuna de San Pedro de la Paz, un total de 264 plantas de cannabis
sativa de entre 10 a 120 centímetros de altura. Además, mantenía
guardada en el comedor del inmueble, una tapa de cartón con 73,25 gramos
de cannabis sativa; en el dormitorio principal, una caja con 178,06
gramos brutos de cannabis sativa; una bolsa con 217,12 gramos y un
frasco de vidrio con 45,07 gramos de la droga.</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1158053041145466866.post-72289876693409160232016-12-16T15:14:00.004-08:002016-12-16T15:14:42.678-08:00MINISTRO MARIO CARROZA ABSUELVE A MAYOR (R) DE CARABINEROS POR FALTA DE PARTICIPACIÓN EN DOS HOMICIDIOS EN 1973<br />
<div style="text-align: justify;">
El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los
derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza,
dictó sentencia absolutoria en favor del mayor en retiro de Carabineros
Alejo López Godoy por falta de antecedentes que permitan establecer
algún grado de responsabilidad en los homicidios calificados de Jorge
Díaz López y Juan Cerda Lucero, ilícitos perpetrados el 16 de septiembre
de 1973, en la Región Metropolitana.</div>
<div style="text-align: justify;">
En el fallo (causa rol 140-2011), el ministro en visita estableció que
los antecedentes recopilados en la causa resultan insuficientes para
adquirir la convicción de que al procesado le ha correspondido alguna
participación culpable y penada por la ley en los delitos investigados.</div>
<div style="text-align: justify;">
"Nadie puede ser condenado por delito sino cuando el Tribunal que lo
juzgue haya adquirido, por los medios de prueba legal, la convicción de
que realmente se ha cometido un hecho punible y que en él ha
correspondido al procesado una participación culpable y penada por la
ley. En tal sentido, en autos no hay antecedentes suficientes que
permitan adquirir la íntima convicción que al procesado Alejo López
Godoy en estos hechos le ha correspondido una participación culpable y
penada por la ley, debiendo por ende acogerse la petición de la defensa
de absolvérsele por falta de participación, omitiéndose de esa manera el
pronunciamiento de las demás peticiones de la defensa al resultar
innecesario", sostiene el fallo.</div>
<div style="text-align: justify;">
La resolución agrega que "(…) la circunstancia que el inculpado de
autos Alejo López Godoy, haya sido sometido a proceso y luego acusado,
no se opone en modo alguno a una absolución posterior producida al
fallarse el asunto, ya que para dictar un fallo condenatorio se exige
plena certeza, tanto sobre la realidad del hecho punible como respecto
de la responsabilidad criminal del imputado, pues si bien, en las
distintas etapas procesales en que se adoptaron las decisiones que
precedieron a la dictación de esta sentencia, pudo haber existido mérito
bastante para estimar concurrentes los requisitos legales, lo cierto
que en el presente estado del pleito los requisitos que la ley procesal
impone al sentenciador son más estrictos y sólo cuando cabalmente
concurren es posible producir condena".</div>
<div style="text-align: justify;">
Consecuentemente, en el aspecto civil, el ministro Carroza rechazó la
demanda presentada por los familiares de la víctima en contra el fisco.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="http://www.pjud.cl/documents/396729/0/DIAZ+LOPEZ+Y+CERDA+LUCERO.pdf/f9203be5-4658-44c7-92e4-4545cdfd2fa3"><span style="color: navy;"><strong>Ver fallo (PDF)</strong></span></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: navy;"><strong><span style="color: #666666;"><span style="font-size: xx-small;">Fuente: Portal Poder Judicial de Chile </span></span></strong></span></div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1158053041145466866.post-65612043878414318542016-12-15T04:31:00.000-08:002016-12-15T04:31:09.367-08:00Con disidencia. TC ACOGIÓ PARCIALMENTE INAPLICABILIDAD QUE IMPUGNÓ NORMA DE LA LEY EMILIA QUE SUSPENDE PENA SUSTITUTIVA Y EXIGE PENA PRIVATIVA DE UN AÑO<div style="text-align: justify;">
<span style="font-style: italic; text-align: justify;">La decisión fue
acordada con el voto en contra de los Ministros Carmona y Hernández
Emparanza, quienes estuvieron por rechazar el requerimiento también en
lo relativo al artículo 196 ter de la ley de tránsito.</span>
</div>
<div class="text-fecha">
Santiago, 15 de diciembre de 2016
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
El TC acogió parcialmente un
requerimiento de inaplicabilidad que impugnó los artículos 195, 195 bis y
196 ter de la Ley Nº 18.290, Ley de Tránsito; modificaciones
introducidas por la denominada Ley Emilia.</div>
<div style="text-align: justify;">
La gestión pendiente invocada recae en
un proceso penal seguido ante el Tribunal Oral en lo Penal de San
Antonio, en actual tramitación ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones
de Valparaíso.</div>
<div style="text-align: justify;">
En su sentencia, expuso en síntesis la
Magistratura Constitucional que, en el marco del principio de
proporcionalidad, la disposición que suspende la aplicación de las penas
sustitutivas de privación de libertad por un año -contenida en el
artículo 196 ter respecto de la cual se declaró la inaplicabilidad por
inconstitucionalidad- resulta, que constituye una medida punitiva
desproporcionada e inequitativa respecto a los condenados, incluso en
delitos de mayor gravedad.</div>
<div style="text-align: justify;">
También es contraria al principio de
proporcionalidad, aduce el fallo, la suspensión de la aplicación de
penas sustitutivas de penas privativas de libertad, pues resulta
inidónea para cumplir los fines de reinserción social que tiene toda
pena. Bajo la impronta de los principios informadores del sistema de
penas en nuestro ordenamiento jurídico, cuatro principios lo conforman:
el de legalidad, el de proporcionalidad, el de resocialización y el de
humanización. Desde luego el de proporcionalidad, que se vincula con la
exigencia de que la dignidad de la persona humana y los derechos que le
son inherentes constituyan el fundamento del orden político y social de
la nación, la cual nos lleva a sostener que la pena que se imponga deba
ser la más idónea para cumplir con los fines de la prevención del
delito.</div>
<div style="text-align: justify;">
Y es que la idoneidad no sólo nos obliga
a elegir dentro del catálogo de penas aquella que resulte la más
adecuada, sino que también debe resolver la conveniencia de que
intervengan otros órdenes sancionatorios menos gravosos que el
penalizador. Es por eso que el Derecho Penal se rige por los principios
de subsidiariedad y fragmentariedad, en virtud de los cuales éste es
desplazado a favor de otros medios de control social, reservándose su
intervención como “ultima ratio”. Además, la proporcionalidad se rige
por el subprincipio de necesidad: una vez convencido el sentenciador de
que la pena es la más idónea, debe imponerla con criterio de estricta
necesidad para alcanzar fines preventivos, agregando que el principio de
proporcionalidad en sentido estricto, procura que las consecuencias
jurídicas del delito guarden equivalencia con la gravedad y dañosidad
del injusto cometido.</div>
<div style="text-align: justify;">
De ese modo, conforme a lo anterior,
concluye el TC acogiendo parcialmente el requerimiento de autos sólo en
cuanto sólo en cuanto se decretó la inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, para el caso concreto, de la segunda parte del
inciso primero del artículo 196 ter de la ley de tránsito, que dispone:
“sin embargo, la ejecución de la respectiva pena sustitutiva quedará en
suspenso por un año, tiempo durante el cual el condenado deberá cumplir
en forma efectiva la pena privativa de libertad a la que fuere
condenado.”. Y en lo demás, se rechazó el requerimiento.</div>
<div style="text-align: justify;">
La decisión fue acordada con el voto en
contra de los Ministros Carmona y Hernández Emparanza, quienes
estuvieron por rechazar el requerimiento también en lo relativo al
artículo 196 ter de la ley de tránsito, por cuanto señalan, en esencia,
que en tanto no se transgredan derechos humanos fundamentales –lo que en
el caso concreto no acontece–, el Estado puede, mediante la reacción
penal institucionalizada, priorizar o anteponer el efecto retributivo de
la pena, particularmente cuando se la lesa transgresión a los valores
más caros para la convivencia socialmente organizada, como son la vida
de las personas y de sus familias, expuestas a ser victimizadas por
conductas intolerables según las ideas vigentes, consideradas de la
máxima seriedad. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="http://www.tribunalconstitucional.cl/descargar_sentencia.php?id=3358">Vea texto íntegro de la sentencia.</a></div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/expedientes?rol=2983">Vea texto íntegro del requerimiento y expediente Rol N° 2983-16.</a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1158053041145466866.post-68932012644456892212015-12-18T09:31:00.001-08:002015-12-18T09:31:40.359-08:00MINISTRO HERNÁN CRISOSTO CONDENÓ A AGENTES DE LA DINA POR EL SECUESTRO CALIFICADO DE ESTUDIANTE DE DERECHO ISMAEL DARÍO CHÁVEZ LOBOS<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">El ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Hernán Crisosto Greisse, dictó sentencia en la investigación que sustancia por el delito de secuestro calificado de Ismael Darío Chávez Lobos, ilícito perpetrado a partir del 26 julio de 1974, en la comuna de Quinta Normal. Víctima que forma parte de la denominada "Operación Colombo".</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-family: "arial" , sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">En la resolución, el ministro de fuero condenó como autores del delito perpetrado en contra del estudiante de Derecho de la Universidad de Chile, a los ex agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA): César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, a penas efectivas de 13 años de presidio.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-family: "arial" , sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">En tanto, deberán purgar 10 años de presidio, también en calidad de autores, los ex miembros de la DINA: Gerardo Ernesto Urrich González, Gerardo Ernesto Godoy García, Ricardo Víctor Lawrence Mires, Ciro Ernesto Torré Sáez, Sergio Hernán Castillo González, Manuel Andrés Carevic Cubillos, José Nelson Fuentealba Saldías, Basclay Humberto Zapata Reyes, José Enrique Fuentes Torres, José Mario Friz Esparza, Julio José Hoyos Zegarra, Nelson Alberto Paz Bustamante, Claudio Orlando Orellana de la Pinta, Enrique Tránsito Gutiérrez Rubilar, Gustavo Galvarino Caruman Soto, Hiro Álvarez Vega, José Alfonso Ojeda Obando, Olegario Enrique González Moreno, Orlando Jesús Torrejón Gatica, Rudeslindo Urrutia Jorquera, Alfredo Orlando Moya Tejeda, Carlos Alfonso Sáez Sanhueza, Fernando Enrique Guerra Guajardo, Juan Alfredo Villanueva Alvear, Juan Evaristo Duarte Gallegos, Lautaro Eugenio Díaz Espinoza, Leónidas Emiliano Méndez Moreno, Pedro Ariel Araneda Araneda, Rafael de Jesús Riveros Frost, Víctor Manuel Molina Astete, Manuel Rivas Díaz, Juan Ángel Urbina Cáceres, Risiere del Prado Altez España, Raúl Juan Rodríguez Ponte, Hermon Helec Alfaro Mundaca, Hernán Patricio Valenzuela Salas Cisternas, Máximo Ramón Aliaga Soto, José Avelino Yévenes Vergara y Hugo del Tránsito Hernández Valle.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-family: "arial" , sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Asimismo, el ministro Crisosto condenó a penas de 4 años de presidio, en calidad de cómplices a: Luis Eduardo Mora Cerda, José Jaime Mora Diocares, Camilo Torres Negrier, Carlos Justo Bermúdez Méndez, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Gerardo Meza Acuña, Héctor Raúl Valdebenito Araya, Jaime Humberto Paris Ramos, Jorge Laureano Sagardia Monje, José Dorohi Hormazábal Rodríguez, José Manuel Sarmiento Sotelo, José Stalin Muñoz Leal, Juvenal Alfonso Piña Garrido, Manuel Antonio Montre Méndez, Moisés Paulino Campos Figueroa, Nelson Aquiles Ortiz Vignolo, Nelson Eduardo Iturriaga Cortés, Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo, Reinaldo Alfonso Concha Orellana, Víctor Manuel de la Cruz San Martin Jiménez, Gustavo Humberto Apablaza Meneses, Héctor Carlos Díaz Cabezas, Jorge Antonio Lepileo Barrios, Óscar Belarmino la Flor Flores, Rufino Espinoza Espinoza, Héctor Manuel Lira Aravena, Sergio Iván Díaz Lara, Víctor Manuel Álvarez Droguett, Carlos López Inostroza, Sergio Hernán Castro Andrade y Roberto Hernán Rodríguez Manquel.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-family: "arial" , sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">En la causa, el ministro Hernán Crisosto absolvió por falta de acreditación de participación en los hechos a: Rodolfo Valentino Concha Rodríguez, Armando Segundo Cofré Correa, Luis René Torres Méndez y Fernando Adrián Roa Montaña.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-family: "arial" , sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">En el aspecto, civil, el fallo acoge la demanda por daño moral, ordenando al Estado de Chile pagar una indemnización total de $150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos) a la cónyuge e hijo de la víctima.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> </span><b><span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">Los hechos</span></b></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><br /></span></b></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"> </span></b><span style="font-family: "arial" , sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">En la etapa de investigación, el ministro de fuero logró acreditar los siguientes hechos:</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-family: "arial" , sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">"Que en horas de la noche del día 26 de julio de 1974, Ismael Darío Chávez Lobos, de 22 años, estudiante de Derecho de la Universidad de Chile, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido en su domicilio ubicado en calle Los Copihues N° 1977, comuna de Quinta Normal, por agentes pertenecientes a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), quienes lo trasladaron al recinto de detención clandestina denominado "Londres 38", ubicado en dicha dirección en la ciudad de Santiago, que era custodiado por guardias armados y al cual sólo tenían acceso los agentes de la DINA;</span></div>
<span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"></span><br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="font-family: "arial" , sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Que el ofendido Chávez Lobos durante su estada en el cuartel de Londres 38, permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la Dina que operaban en dicho cuartel con el propósito de obtener información relativa a integrantes del MIR, para proceder a la detención de los miembros de esa organización;</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Que la última vez que Chávez Lobos fue visto por otros detenidos ocurrió un día no determinado en los meses de julio o agosto de 1974, encontrándose desaparecido hasta la fecha.</span></div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"> </span><span style="font-family: "arial" , sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Que el nombre de Ismael Darío Chávez Lobos apareció en un listado de 119 personas, publicado en la prensa nacional luego que figurara en una lista publicada en la revista "O' DIA" de Brasil, de fecha 25 de junio de 1975, en la que se daba cuenta que Ismael Darío Chávez Lobos había muerto en Argentina, junto a otras 58 personas pertenecientes al MIR, a causa de rencillas internas suscitadas entre esos miembros, y</span></div>
<span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"></span><br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="font-family: "arial" , sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Que las publicaciones que dieron por muerto a la víctima Chávez Lobos tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuada por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional en el exterior".</span></span></div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"> </span><span style="font-family: "arial" , sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><a href="http://bit.ly/1QuTZaY">TEXTO DE LA SENTENCIA</a></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"></span><span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"></span><br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #cccccc; font-size: x-small;">Fuente: Portal del Poder Judicial de Chile.</span></div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1158053041145466866.post-46829941005062624062015-10-25T21:33:00.002-07:002015-10-25T21:33:43.553-07:00JUZGADO DE GARANTÍA DE CALAMA (CHILE) REALIZÓ AUDIENCIA CON TRADUCCIÓN AL QUECHUA<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24px;">El martes 20 de octubre recién pasado, el Juzgado de Garantía de Calama realizó una audiencia de preparación de juicio oral y procedimiento abreviado, la que se debió efectuar con traducción simultánea al quechua, lengua materna de una ciudadana boliviana imputada, quien no habla castellano.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24px;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24px;"> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24px;">En la audiencia, estuvo presente la intérprete Julia Quispe, quien tradujo simultáneamente los planteamientos de las partes y las resoluciones que dictó el magistrado José Luis Ayala.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24px;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24px;"> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24px;">El juez Ayala explicó que la presencia de la traductora fue solicitada y gestionada por la defensa de la imputada que no habla castellano. "Nosotros, como tribunal, tenemos convenios con agrupaciones de sordos-mudos, de manera de contar con intérpretes en este lenguaje al ser requerido por algún interviniente", contó el juez.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24px;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24px;"> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24px;">Durante la audiencia se expusieron los antecedentes de la causa por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes y tres de los imputados admitieron responsabilidad en los hechos, entre ellos la imputada referida, por lo que el próximo domingo 25 de octubre se leerá con traducción simultánea la sentencia que dictará a su respecto, el juez Ayala.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24px;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24px;"> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24px;">El cuarto imputado no admitió responsabilidad por lo que se continuó con la preparación de juicio oral, en su caso.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24px;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24px;"> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24px;">Los imputados fueron formalizados por el Ministerio Público el 1° de junio pasado, tras ser sorprendidos abordo de un bus con destino a Copiapó, transportando 25 kilos de pasta base de cocaína.</span></div>
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24px;"><br /></span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24px;"> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 18px;"><span style="color: #cccccc; font-size: x-small;">Fuente: Portal del Poder Judicial de Chile.</span></span>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1158053041145466866.post-36480046857045933402015-10-25T20:47:00.000-07:002015-10-25T20:47:26.850-07:00CORTE DE TEMUCO (CHILE) REVOCÓ SOBRESEIMIENTO Y RECHAZA REAPERTURA DE INVESTIGACIÓN EN CONTRA DE SENADOR QUINTANA POR ATROPELLO DE CARABINERO<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24px;">La Corte de Apelaciones de Temuco revocó este viernes 23 de octubre de 2015 parcialmente la resolución dictada, el 2 de octubre pasado, por el Juzgado de Garantía de la ciudad, que declaró el sobreseimiento definitivo de la causa seguida en contra del senador Jaime Quintana Leal, por su eventual responsabilidad en el cuasidelito de homicidio del cabo primero de Carabineros Jonathan Garrido, quien falleció arrollado el 7 febrero pasado.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24px;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24px;"> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24px;">En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada –presidida por la ministra Cecilia Aravena López, e integrada por el ministro (s) Carlos Gutiérrez Zavala y el abogado (i) Fuad Halabí Riffo– declaró "</span><b style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24px;">INADMISIBLE </b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24px;">el recurso de apelación deducido (…), en aquella parte que no dio lugar a la reapertura de la investigación solicitada por la querellante".</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24px;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24px;"> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24px;">Asimismo, la sala, en voto de mayoría, acordó revocar "la resolución apelada en aquella parte que declara el sobreseimiento definitivo de la causa y en su lugar se resuelve que <b>NO SE HACE LUGAR </b>ha dicho sobreseimiento, disponiéndose que la causa continúe tramitándose de acuerdo a las reglas generales".</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24px;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24px;"> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24px;">Decisión acordada en este segundo punto resolutivo, con el voto en contra del ministro suplente Gutiérrez Zavala, quien estuvo por confirmar la resolución apelada que decretó el sobreseimiento definitivo de la causa.</span></div>
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24px;"><br /></span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24px;"> </span><span lang="ES-CL" style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24px;"><a href="http://bit.ly/1WcPZiu">SENTENCIA CORTE DE TEMUCO</a></span><br />
<br />
<span style="color: #cccccc; font-size: x-small;">Fuente: Portal del Poder Judicial de Chile.</span>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1158053041145466866.post-66560987929406717652015-09-23T13:28:00.003-07:002015-09-23T13:28:50.499-07:00SEGUNDA SALA DE LA CORTE SUPREMA DE CHILE RATIFICÓ FALLO QUE RECHAZÓ RECURSO DE AMPARO DE IMPUTADO CLAUDIO EGUILUZ EN CASO SQM<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">La Corte Suprema ratificó resolución de la Corte de Apelaciones de
Santiago que rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de Claudio
Eguiluz Rodríguez, formalizado en el denominado caso SQM.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal del país
–integrada por los ministro Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito,
Lamberto Cisternas y el abogado (i) Arturo Prado– rechazó la acción cautelar
por considerar que una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago no
puede revisar decisiones adoptada por otra del mismo tribunal de alzada.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">"Que sobre la decisión adoptada por el tribunal de alzada el 26 de
agosto pasado en el ingreso Rol N° 2221-15, no es procedente recurrir de amparo
ni puede otra sala de la Corte de Apelaciones de Santiago constituirse en
tribunal revisor de dicha sentencia. Darle competencia impropia como tribunal
superior a una sala de Corte de Apelaciones respecto de otra afecta seriamente
las reglas sobre competencia de orden público contenidas en el Código Orgánico
de Tribunales, entre ellas la del grado y jerarquía, y puede constituir
seriamente una vulneración del artículo 7° de la Constitución Política de la República, </span><b style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">se
confirma </b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">la sentencia apelada de once de septiembre de dos mil quince,
escrita de fojas 101 a 107", sostiene el fallo.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">La decisión se adoptó con el voto en contra del abogado Prado.</span></div>
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><br /></span>
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><a href="http://bit.ly/1KBRyf7">FALLO CONFIRMATORIO CORTE SUPREMA</a></span><br />
<br />
<span style="color: #cccccc; font-size: x-small;">Fuente: Portal del Poder Judicial de Chile.</span>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1158053041145466866.post-19520511828075149082015-09-14T20:35:00.001-07:002015-09-14T20:35:15.240-07:00CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO DE CHILE RECHAZÓ RECURSOS DE PROTECCIÓN DE INTERNOS DEL PENAL PUNTA PEUCO<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó los recursos de protección
presentados por siete internos del Penal Punta Peuco en contra del
Tribunal de Conducta del recinto carcelario que los calificó en Lista 2 para
acceder a beneficios intrapenitenciarios.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">En fallos divididos, la Duodécima Sala del tribunal de alzada –integrada
por los ministros Omar Astudillo, Maritza Villadangos y el abogado (i) Eduardo
Morales– rechazó las acciones cautelares presentadas por las defensas de
José Aguirre Aguirre, Conrado Sesnic Guerricabeitía, Claudio Fuentes Salazar,
Victor Donoso Barrera, Hugo González D'Arcangeli, Francisco Toledo Puente y
Maximiliano Ferrer Lima, condenados por diversa causas de violaciones a los
derechos humanos.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Los fallos sostienen que las decisiones del Tribunal de Conducta que
calificaron en Lista 2 a los internos no constituyen actuar arbitrario.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">"Entonces, de un modo diferente al que sugiere su denominación, el
"Tribunal de Conducta" no tiene poder decisorio. Antes bien, es un
órgano colegiado que recomienda o sugiere la concesión del beneficio carcelario
y con la particularidad, además, que su proceder se encuentra determinado por
instrucciones u órdenes que le son impuestas por el Director Regional
respectivo. Acontece que la pretensión cautelar que se examina no se ha
enderezado respecto de la Comisión de Libertad Condicional –que es el órgano
decisor–, ni contra Gendarmería de Chile, que es la autoridad que regló las
actuaciones de la recurrida. Lejos de ello, ni a una ni a otra se les atribuye
alguna ilegalidad o arbitrariedad", sostienen los fallos.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Resoluciones que agregan: "Ahora, examinado el asunto desde la
óptica que se viene refiriendo, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad en
las tareas ejecutadas por el "Tribunal de Conducta del Centro de
Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco" que haya afectado las garantías
constitucionales que señala el recurso. Por lo pronto, porque se ajustó a la
normativa e instrucciones que le fueran impartidas en la materia y porque la
clasificación en Lista 2 de los recurrentes es la consecuencia necesaria de los
parámetros a los que debía ajustarse; y, enseguida, porque la decisión de
denegar el beneficio fue adoptada finalmente por la Comisión de Libertad
Condicional".</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">La decisión se adoptó con el voto en contra del abogado Eduardo Morales,
quien sí consideró que hubo actuar arbitrario en la decisión del tribunal
recurrido.</span></div>
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><br /></span>
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> </span><span lang="ES-CL" style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><a href="http://bit.ly/1KbBUcc">SENTENCIA SRES. AGUIRRE, SESNIC Y FUENTES</a></span><br />
<br />
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><a href="http://bit.ly/1VZdTdJ">FALLO SRES. DONOSO, GONZÁLEZ Y TOLEDO</a></span><br />
<br />
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><a href="http://bit.ly/1NA82du">FALLO SR. FERRER</a></span><br />
<br />
<span style="color: #cccccc; font-size: x-small;">Fuente: Portal del Poder Judicial de Chile.</span>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1158053041145466866.post-28077564963787159972015-08-25T17:07:00.003-07:002015-08-25T17:07:50.565-07:00CORTE DE SANTIAGO DE CHILE CONFIRMÓ FALLO Y ORDENÓ AL FISCO INDEMNIZAR POR DEFICIENTE INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #242424; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 115%;">La
Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia de primera instancia que
condenó al Estado de Chile a pagar la suma de $30.000.000 (treinta millones de
pesos) a imputado que fue absuelto en un juicio oral, en junio de 2004, causa
que fue investigada por más de un año por el Ministerio Público.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #242424; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #242424; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><span style="color: #242424; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 115%;">En
fallo unánime, la Tercera Sala del tribunal de alzada -integrada por los
ministros Manuel Antonio Valderrama, Gloria Solís y el abogado (i) Mauricio
Decap- ratificó en todas sus partes y sin modificaciones la sentencia que
ordenó el pago indemnizatorio a Marcelo Meriño Aravena.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #242424; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #242424; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><span style="color: #242424; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 115%;">La
sentencia de primera instancia, dictada por la jueza del Primer Juzgado Civil
de Santiago, Marcela Solar Echeverría, determinó la responsabilidad del fisco
en la falta de diligencia de organismo persecutor al conducir la investigación.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #242424; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #242424; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><span style="color: #242424; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 115%;">"Que,
al respecto se debe establecer que la responsabilidad del Estado, de la cual el
actor hace nacer su acción indemnizatoria, dice relación con el artículo 5 de
la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, ya aludido en esta
sentencia, y no de la falta de servicio que se consagra en la Ley de Bases de
la Administración del Estado, por cuanto ese sólo fundamento, basta para
rechazar la excepción opuesta por el Fisco de Chile, habida cuenta que no fue
motivo o fundamento jurídico de la acción de autos, las normas de
responsabilidad que se contemplan en dicha ley. Que, se debe agregar que los
términos en que se encuentra redactado el artículo 5 de la Ley 19.640, no cabe
otra interpretación más que la responsabilidad del Estado en los hechos
aludidos en el precepto legal, son de carácter objetivo, habida consideración
que el legislador consigno que</span><span class="apple-converted-space" style="color: #242424; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><em style="color: #242424; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 115%;"><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">"El Estado será
responsable por las conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias del
Ministerio Público"</span></em><span style="color: #242424; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 115%;">, sin expresar que ellas fuesen realizadas
con dolo o culpa de sus agentes, haciendo sólo mención a estos elementos de
responsabilidad en lo que dice relación con la facultad del Fisco de Chile de
repetir en contra de los funcionarios de dicho órgano persecutor, pero
liberando a la posible víctima de un error arbitrario o ilegal de la carga de
acreditar tales circunstancias, lo que en definitiva, conlleva a establecer que
acreditándose por el actor el hecho o circunstancia de no haber cumplido la
demandada con el principio de objetividad que regula a las fiscalías, nacerá la
obligación de indemnizar a la parte, quedando entonces, sujeto a un régimen de
responsabilidad objetivo y no subjetivo como aquél a que hace referencia el
artículo 2314 y siguientes del Código Civil", sostiene el fallo de primera
instancia.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #242424; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #242424; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><span style="color: #242424; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 115%;">Resolución
que agrega: "Existiendo entonces, sendas sentencias firmes y
ejecutoriadas, y donde no consta que el demandado haya objetado por medio del
recurso de nulidad interpuesto, todo lo que dice referencia a su falta de
acuciosidad en la prosecución de la investigación penal, sino que se
circunscribió a objetar la valoración de la prueba efectuada por el tribunal
penal de primera instancia para absolver a don Marcelo Meriño Aravena, no queda
más que tener por establecida la falta de diligencia y cuidado en su obligación
legal de llevar una investigación de este tipo, con lo cual,
consecuencialmente, se alejó del principio de objetividad que lo gobierna y que
se encuentra recogido en el artículo 83 de la Constitución Política de la
República y replicado en el artículo 5 de la Ley Orgánica Constitucional del
ente persecutor. Lo anterior, en consecuencia, derriba los argumentos
esgrimidos como defensa por la parte demandada, habida cuenta que toda la
prueba rendida por éste va encaminada a que en esta sede se califique si los
medios de prueba fueron suficientes para cumplir con una labor acuciosa y que
en virtud de ellos se califique en esta sede civil, el actuar diligente o
negligente del ministerio público; situación que fue zanjada en dicha sede
penal y ratificada por la Excma. Corte Suprema, sin que el actor hubiese objetado
ante el Tribunal Superior de justicia la imputación que el tribunal de primera
instancia hizo referente a su labor investigativa, no siendo pertinente
pretender en esa sede civil ponderar si dichos elementos probatorios fueron o
no suficientes para iniciar una investigación y acusar al demandante de autos,
por cuanto, el reproche que se hace en la demanda, lo es por haber omitido los
antecedentes exculpatorios".</span></div>
<span style="color: #242424; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 115%;"><br /></span>
<span style="color: #242424; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 115%;"> </span><a href="http://bit.ly/1KhTNrr" style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 115%;">SENTENCIA CONFIRMATORIA CORTE DE SANTIAGO</a><br />
<br />
<a href="http://bit.ly/1JtPrZg" style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 115%;">FALLO PRIMER JUZGADO CIVIL SANTIAGO</a><br />
<br />
<span style="color: #999999; font-size: x-small;">Fuente: Portal del Poder Judicial de Chile.</span>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1158053041145466866.post-88581750398875036092015-08-25T09:43:00.002-07:002015-08-25T09:43:22.244-07:00TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL DE VALDIVIA (CHILE) POR UNANIMIDAD CONDENÓ A 818 DÍAS DE PENA REMITIDA A CONDUCTORES QUE PROVOCARON FATAL ACCIDENTE DE TRÁNSITO<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #242424; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 115%;">El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia condenó hoy
–lunes 24 de agosto– a 818 días de pena remitida a Walter Hernán Zúñiga
González y Rodrigo Hallem Calfulef Ávila, por la responsabilidad como autores
de cuasidelito de homicidio y lesiones graves, ilícitos perpetrados la
madrugada del 14 de julio de 2013.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #242424; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #242424; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span style="color: #242424; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 115%;">En fallo unánime, el tribunal –integrado por los magistrados Gloria
Sepúlveda Molina (presidenta), Alicia Faúndez Valenzuela y Guillermo Olate
Aránguiz– dio por acreditada la participación de ambos imputados en calidad de
autores de cuasidelito de homicidio y lesiones graves.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #242424; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #242424; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><b><span style="color: #242424; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">Los hechos</span></b></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><span style="color: #242424; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;"><br /></span></b></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><span style="color: #242424; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;"> </span></b><span style="color: #242424; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 115%;">En el veredicto, el tribunal da por acreditado que, aproximadamente a
las 4.40 horas de la madrugada del 14 de julio de 2013, "Walter Hernán
Zúñiga González conducía por calle Picarte el taxi colectivo marca Chevrolet,
modelo Chevy, color negro, placa patente única YC-17.89, con cuatro pasajeros
en su interior y al efectuar el viraje a la izquierda, hacia calle Simpson sin
respetar la señalética del semáforo, fue impactado en su costado derecho por el
vehículo marca Jac, modelo A137, placa patente única DF.FT-38 conducido por
Rodrigo Hallem Calfulef Ávila que transitaba a una velocidad no menor a los 100
kilómetros por hora y sin sus luces frontales encendidas por Avenida Ramón
Picarte en dirección al centro de la ciudad".</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #242424; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #242424; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span style="color: #242424; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 115%;">Producto del fuerte impacto, resultaron fallecidos los pasajeros del
taxi colectivo Carolina Abigail Monsalve Duarte, Héctor Rodrigo Tapia Cisternas
y Vania Giselle Urrutia González; en tanto, la pasajera Teolinda Inés Sotomayor
Arauco sufrió lesiones de carácter grave.</span></div>
<span style="color: #242424; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><br /></span>
<span style="color: #242424; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="EN-US" style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><a href="http://bit.ly/1hZhaet" style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 115%;">SENTENCIA TOP VALDIVIA</a></span><br />
<br />
<span style="color: #cccccc; font-size: x-small;">Fuente: Portal del Poder Judicial de Chile.</span>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1158053041145466866.post-11835045918871369342015-08-18T13:11:00.000-07:002015-08-18T13:33:07.659-07:00CUARTA SALA DE LA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO DE CHILE RECHAZÓ RECURSO DE AMPARO DE PROCESADO EN EL DENOMINADO CASO “QUEMADOS”. FALLO DIVIDIDO <span style="text-align: justify;"> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24.0000019073486px; text-align: justify;">La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de Pedro Fernández Dittus, procesado por el ministro en visita Mario Carroza como autor de homicidio calificado de Rodrigo Rojas Denegri y el homicidio frustrado de Carmen Gloria Quintana.</span><br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24.0000019073486px;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24.0000019073486px;"> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24.0000019073486px;">En fallo dividido, la Cuarta Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Dobra Lusic, Jaime Balmaceda y el abogado (i) Eduardo Morales- desestimó la acción cautelar por considerar que, tanto el procesamiento como la orden de prisión preventiva dictados por el ministro Carroza, se encuentran ajustados a derecho.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24.0000019073486px;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24.0000019073486px;"> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24.0000019073486px;">La resolución considera que en esta etapa procesal no corresponde alegar la eventual aplicación de la "cosa juzgada" como pretende la defensa de Fernández Dittus, quien fue condenado en un proceso judicial previo.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24.0000019073486px;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24.0000019073486px;"> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24.0000019073486px;">"Se quiere dejar patente que para una cuestión evidentemente de fondo como es la apreciación en una causa criminal de la eventual concurrencia de los presupuestos de la cosa juzgada, el legislador ha previsto diversas oportunidades y formas procesales para hacerla valer, no sólo ante el tribunal de primera instancia, sino también ante la Corte de Apelaciones e incluso ante la Corte Suprema. Si bien esta Corte no desconoce que el recurso de amparo resulta igualmente procedente no obstante preverse en la ley esos otros arbitrios, la naturaleza cautelar que se ha afirmado posee la acción impide conocer en este tipo de procedimiento -en que la propia Carta Fundamental manda proceder breve y sumariamente en el inciso segundo del artículo 21- una cuestión de tal trascendencia e implicancias, en que se ha planteado legítimamente por los querellantes la también eventual aplicación de otros preceptos e institutos de derecho internacional que impedirían aceptar la concurrencia de la cosa juzgada e incluso la valoración del contexto histórico en que se obtuvo la sentencia de que ella emanaría. Evidentemente una discusión de esta clase -existencia de cosa juzgada fraudulenta- excede a la propia de la acción de amparo constitucional y corresponde sea planteada, conocida, discutida y resuelta en el procedimiento para el cual el legislador la ha previsto, cual es el juicio penal, en el que se entrega a todas las partes del conflicto las más amplias posibilidades para proponerla, debatirla e impugnar la decisión que se pronuncie a su respecto", sostiene el fallo.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24.0000019073486px;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24.0000019073486px;"> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24.0000019073486px;">La resolución agrega que "(…) la presente acción no resulta procedente, habida consideración además que la resolución que se impugna ha sido dictada por juez competente, en ejercicio de sus facultades legales, en un caso previsto por la ley y existiendo mérito suficiente para ello, de manera tal que recurso de amparo deducido debe ser necesariamente declarada sin lugar".</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24.0000019073486px;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24.0000019073486px;"> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24.0000019073486px;">La resolución se adoptó con el voto en contra del abogado integrante Morales, quien fue partidario de acoger el recurso acogiendo el principio de la cosa juzgada.</span></div>
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24.0000019073486px;"><br /></span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24.0000019073486px;"> </span><span lang="ES-CL" style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 24.0000019073486px;"><a href="http://bit.ly/1EANPfh">SENTENCIA DE LA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO</a></span><br />
<br />
<span style="color: #cccccc; font-size: x-small;">Fuente: Portal del Poder Judicial de Chile.</span>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1158053041145466866.post-27760147213674562182015-08-14T23:38:00.001-07:002015-08-14T23:38:08.909-07:00CORTE SUPREMA DE CHILE EN FALLO DIVIDIDO RATIFICÓ FALLO QUE CONCEDIÓ BENEFICIO DE LIBERTAD CONDICIONAL A DOS INTERNOS DE PENAL DE PUNTA PEUCO<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">La Corte Suprema ratificó la resolución dictada por la Corte de
Apelaciones de Santiago que concedió el beneficio de la libertad condicional a
los internos del Penal de Punta Peuco Miguel Muñoz Uribe y Alejandro Sáez
Mardones.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">En fallo dividido, la Tercera Sala del máximo tribunal -integrada por
los ministros Pedro Pierry, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval y los abogados
(i) Rodrigo Correa y Arturo Prado- confirmó la sentencia de la Corte de
Apelaciones de Santiago del 10 de julio de 2015, que acogió la acción cautelar.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">La resolución del máximo tribunal confirma en todas sus partes el fallo
de la Corte de Santiago que determinó que la Comisión de Libertad Condicional
del tribunal de alzada actuó de forma ilegal y arbitraria al no conceder
el beneficio a los internos que cumplían con los requisitos para acceder a la
prerrogativa.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">La decisión se adoptó con el voto en contra de la ministra Egnem, solo
respecto del interno Sáez Mardones, al considerar que el informe psicológico de
dicho condenado da cuenta de que no ha asumido conscientemente el daño causado.</span></div>
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><br /></span>
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> </span><span lang="ES-CL" style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><a href="http://bit.ly/1gIZ8Mt">SENTENCIA CORTE SUPREMA</a></span><br />
<br />
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><a href="http://bit.ly/1Mt7rK6">FALLO CORTE DE SANTIAGO</a></span><br />
<br />
<span style="color: #cccccc; font-size: x-small;">Fuente: Portal del Poder Judicial de Chile.</span>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1158053041145466866.post-34063456667904038222015-08-14T22:04:00.003-07:002015-08-14T22:04:45.665-07:00SEGUNDA SALA DE LA CORTE SUPREMA DE CHILE CONFIRMÓ SENTENCIA POR EL SECUESTRO DE EUGENIO BERRÍOS SAGREDO<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por los
delitos de asociación ilícita, secuestro y homicidio del ex químico de la
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Eugenio Berríos Sagredo, ilícitos
perpetrados a partir de octubre de 1991, en Chile y Uruguay.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por
los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y
Lamberto Cisternas- rechazó los recursos de casación y confirmó las penas
dictadas por la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de los siguientes
militares en retiro de Chile y Uruguay:</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">-</span><b style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Arturo Silva Valdés</b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">: 15 años y un día de presidio, como autor
del delito de secuestro con homicidio, más 5 años y un día por asociación
ilícita. Sin beneficios;</span></div>
<span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">-</span><b style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Hernán Ramírez Rurange</b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">: 10 años y un día, como autor del delito de
secuestro; 10 años y un día, por asociación ilícita, y absuelto de obstrucción
a la justicia. Sin beneficios;</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">-</span><b style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Eugenio Covarrubias Valenzuela</b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">: 10 años y un día, como autor de
secuestro; 5 años y un día por asociación ilícita, absuelto de su participación
como encubridor de secuestro con homicidio y obstrucción a la justicia. Sin
beneficios;</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">-</span><b style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Jaime Torres Gacitúa</b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">: 10 años y un día, como autor de secuestro y 5
años y un día por asociación ilícita. Sin beneficios;</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">-</span><b style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Manuel Provis Carrasco</b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">: 10 años y un día, como autor de secuestro y 5
años y un día por asociación ilícita. Sin beneficios;</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">-</span><b style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Pablo Rodríguez Márquez</b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">: 10 años y un día, como autor de secuestro y
800 días por asociación ilícita. Sin beneficios;</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">-</span><b style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Raúl Lillo Gutiérrez</b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">: 10 años y un día, como autor de secuestro y 800
días por asociación ilícita. Absuelto del cargo de obstrucción a la justicia.
Sin beneficios;</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">-</span><b style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Manuel Pérez Santillán</b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">: 5 años y un día, como cómplice de
secuestro y absuelto del cargo de asociación ilícita. Sin beneficios;</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">-</span><b style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Tomás Casella Santos </b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">(militar uruguayo): 10 años y un día, como
autor de secuestro y 5 años y un día por asociación ilícita. Sin beneficios;</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">-</span><b style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Eduardo Radaelli Copolla</b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> (militar uruguayo): 10 años y un día,
como autor de secuestro y 800 días por asociación ilícita. Sin beneficios;</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">-</span><b style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Wellington Sarli Pose</b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> (militar uruguayo): 5 años y un día, como
cómplice de secuestro y 60 días asociación ilícita. Sin beneficios;</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">-</span><b style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Marcelo Sandoval Durán</b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">: 10 años y un día, como autor de secuestro, 800
días por asociación ilícita y absuelto por infracción al artículo 295 bis del
Código Penal. Sin beneficios;</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">-</span><b style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Nelson Román Vargas</b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">: 10 años y un día, como autor de secuestro, 800
días por asociación ilícita y absuelto del cargo de infracción al artículo 295
bis del Código Penal. Sin beneficios;</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">-</span><b style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Fernando Torres Silva</b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">: 10 años y un día, como autor de asociación
ilícita. Sin beneficios;</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">-</span><b style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Enrique Ibarra Chamorro</b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">: absuelto de responsabilidad como autor del
delito asociación ilícita;</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">-</span><b style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Mario Cisternas Orellana</b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">: absuelto por su responsabilidad como autor de
infracción al artículo 295 bis del Código Penal;</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">-</span><b style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Nelson Hernández Franco</b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">: absuelto por su responsabilidad como autor de
infracción al artículo 295 bis del Código Penal;</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">-</span><b style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Érika Silva Morales</b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">: absuelta por su responsabilidad como autora de
infracción al artículo 295 bis del Código Penal, y</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">-</span><b style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Emilio Rojas Gómez</b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">: absuelto por su responsabilidad como autor del
delito de obstrucción a la justicia.</span></div>
</span><div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">En el aspecto civil, se acogió el recurso de casación planteado por el
fisco y se rechazó la demanda civil presentada por familiares de la víctima.</span></div>
<div>
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><br /></span></div>
<div>
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><a href="http://bit.ly/1hcriAr">SENTENCIA DEL MÁXIMO TRIBUNAL CASO BERRÍOS</a></span></div>
<div>
<br /></div>
<div>
<span style="color: #cccccc; font-size: x-small;">Fuente: Portal del Poder Judicial de Chile.</span></div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1158053041145466866.post-38817492584158415212015-07-17T09:50:00.003-07:002015-07-17T09:50:42.889-07:00TERCERA SALA DE LA CORTE SUPREMA (CHILE) CONFIRMÓ FALLO Y ORDENÓ AL SERVICIO SALUD DEL BÍO BÍO PAGAR INDEMNIZACIÓN POR MUERTE EN EL HOSPITAL DE LOS ÁNGELES<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">La Corte Suprema rechazó el recurso de casación y ratificó que el
Servicio de Salud del Bío Bío debe indemnizar a la familia de paciente que
falleció en el Hospital de Los Ángeles en abril de 2011, por falta de servicio
y errado tratamiento.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">En fallo unánime, la Tercera Sala del máximo tribunal del país
-integrada por los ministros Héctor Carreño, Pedro Pierry, Rosa Egnem, María
Eugenia Sandoval y Carlos Aránguiz- ratificó la sentencia que ordenó el pago de
30 millones de pesos al cónyuge e igual monto a cada uno de los tres hijos de
María Regina Álvarez, quien murió el 26 de abril de 2011, en el hospital base
de Los Ángeles, por una falla multisistémica.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">La sentencia confirma la falta de servicio del recinto asistencial en el
tratamiento de la diabetes mielitus que afectaba a la víctima, cuadro que se
complicó con la infección provocada por la bacteria <i>escherichia
coli</i>.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">"Que de lo expuesto en el motivo precedente se colige que el
tribunal estableció la falta de servicio, fundada en un descuidada atención en
el procedimiento médico en cuestión atribuido en la demanda y que precisamente
constituye la causa material del daño experimentado en la víctima",
sostiene el fallo.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Resolución que agrega: "Dicho lo anterior, resulta que el recurso
se construye contra los hechos establecidos por los sentenciadores, esto es que
existió una atención médica descuidada al efectuar un procedimiento médico que importó
ocasionarle una infección a una paciente, que a su vez le causó la muerte. En
otras palabras, el arbitrio de nulidad desatiende esta causalidad material,
entre la falta de cuidado en el procedimiento médico y el perjuicio atribuido,
insistiendo en que hubo otra causa fáctica relacionada con las patologías de la
paciente, empero desatendiendo que ese supuesto no se encuentra asentado. De
ello se sigue que el recurso de casación carece de los antecedentes de hecho
que autorizarían acudir a los preceptos que se denuncian infringidos, situación
que no es posible variar desde que esta Corte de casación no puede modificar
los hechos que han fijado los magistrados del fondo en uso de sus atribuciones
legales, estableciendo otros, a menos que se haya denunciado y comprobado la
efectiva infracción de normas reguladoras del valor legal de la prueba, cuyo no
es el caso de autos".</span></div>
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><br /></span>
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> </span><span lang="ES-CL" style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><a href="http://bit.ly/1KcEJfP">DECISIÓN CORTE SUPREMA</a></span><br />
<br />
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><a href="http://bit.ly/1LqUui2">SENTENCIA CORTE DE CONCEPCIÓN</a></span><br />
<br />
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><a href="http://bit.ly/1RE5Rs0">FALLO PRIMER JUZGADO CIVIL LOS ÁNGELES</a></span><br />
<br />
<span style="color: #cccccc; font-size: x-small;">Fuente: Portal del Poder Judicial de Chile.</span>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1158053041145466866.post-83033276162301801472015-07-17T09:28:00.004-07:002015-07-17T09:28:56.115-07:00TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL DE ANTOFAGASTA (CHILE) CONDENÓ A SEIS IMPUTADOS POR FRAUDE FRUSTRADO AL CASINO ENJOY<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta dictó sentencia
condenatoria en contra de Betsabé Norambuena, Rodrigo Reyé, Fernando
Labarca, Tihomir Bello, Eduardo Rodríguez y Sebastián Herrera, en calidad de
autores del delito de fraude en el juego, en carácter de frustrado,
perpetrado el 2 de mayo de 2014, en el casino Enjoy de la ciudad.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">En fallo unánime, el tribunal –integrado por los magistrados Alfredo
Lindenberg (presidente), Ingrid Castillo y Marcela Nilo (redactora), condenó a Betsabé
del Pilar Norambuena Navarro y Rodrigo Arturo Reyé Moya, a penas de 541 días de
presidio más la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el
tiempo de la condena, como autores del delito de fraude en el juego. Además,
los condenados deberán pagar, cada uno, una multa de 15 UTM (unidades
tributarias mensuales).</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Por reunir la sentenciada Norambuena Navarro, los requisitos legales,
"se le sustituye el cumplimiento de la pena corporal impuesta, por la de
remisión condicional, debiendo quedar sujeta al control administrativo y a la
asistencia del Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile de
Antofagasta, por el lapso de quinientos cuarenta y un días".</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">En el caso del sentenciado Reyé Moya, "(…) se le sustituye el
cumplimiento de la pena privativa de libertad por la de reclusión parcial
nocturna domiciliaria, desde las 22 horas de cada día hasta las 6 horas del día
siguiente, computándose una noche por cada día de la pena corporal (541 días),
bajo control de monitoreo telemático".</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">En tanto Fernando Pedro Maximiliano Labarca Villalobos, Tihomir José
Ignacio Bello Mimica, Eduardo Elías Rodríguez Varas y Sebastián Andrés Herrera
Varas, fueron condenados a penas de 61 días de presidio, más la accesoria de
suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, como
autores del delito de fraude en el juego. Además, cada uno deberá pagar una
multa de 10 UTM (unidades tributarias mensuales).</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">"Que reuniendo los sentenciados (…), los requisitos del artículo 4
de la ley 18.216, se les sustituye el cumplimiento de la pena corporal impuesta
a cada uno, por la de remisión condicional, debiendo quedar sujetos al control
administrativo y a la asistencia del Centro de Reinserción Social de
Gendarmería de Chile de Antofagasta, por el lapso de un año", sostiene el
fallo.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> </span><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">Los hechos</span></b></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><br /></span></b></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"> </span></b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Según la acusación fiscal: "El día 2 de mayo del año 2014, en horas
de la madrugada, los acusados Rodrigo Reyé Moya, Fernando Labarca Villalobos, Tihomir
Bello Mimica y Sebastián Herrera Varas, concurrieron a la mesa de Draw Póker N°
2, del casino Enjoy de Antofagasta, los que previamente concertados con la
croupier de la mesa, la encausada Betsabé Norambuena Navarro –quien había sido
cambiada a tal juego a su solicitud por el jefe de mesas sin que en ese momento
tuviera atribuciones para ello– y en coordinación con otros dos individuos que
no fueron identificados, ocuparon los seis puestos, comenzando a llevar a cabo
el juego de manera de eliminar el azar transformándolo en una certeza de
ganancia, mediante la obtención de una escala real de mano por parte de uno de
los jugadores a través de una serie de operaciones fraudulentas, en cuya
planificación y reclutamiento de la croupier, intervino el acusado Eduardo
Rodríguez Varas".</span></div>
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><br /></span>
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> </span><span lang="ES-CL" style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><a href="http://bit.ly/1MytpYM">SENTENCIA TOP DE ANTOFAGASTA</a></span><br />
<br />
<span style="color: #cccccc; font-size: x-small;">Fuente: Portal del Poder Judicial de Chile.</span>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1158053041145466866.post-69450271043866157422015-07-01T15:18:00.002-07:002015-07-01T15:18:22.243-07:00CORTE SUPREMA (CHILE) COMUNICÓ TEXTO ÍNTEGRO DE SENTENCIA POR DESAFUERO DE SENADOR CARLOS BIANCHI QUE CONFIRMA FALLO DE CORTE DE PUNTA ARENAS<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">La Corte Suprema entregó este miércoles 1° de Julio de 2015 la sentencia
íntegra que confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas que
acogió la solicitud de desafuero del senador independiente por Magallanes, imputado
por los delitos de fraude al Fisco y negociación incompatible.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, dio a conocer la
sentencia dictada por el pleno del máximo tribunal del país que -por 12 votos
contra cinco- rechazó la apelación presentada por la defensa
de Carlos Bianchi Chelech en contra de la resolución que, el 5 de
junio pasado, lo privó de inmunidad.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">"En ese sentido se comparten los razonamientos expuestos por los
jueces de primer grado, en orden a que los antecedentes entregados por el
Ministerio Público surgen evidencias serias y graves de haberse configurado los
delitos atribuidos y de la participación en ellos del parlamentario aforado. En
efecto, los elementos de juicio relacionados en la parte expositiva del fallo
de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas son suficientes para justificar la
existencia de los antecedentes que acreditan los hechos ilícitos que se
investigan y permiten presumir fundadamente que al senador aforado le ha
correspondido participación en los mismos. En tales condiciones, cabe concluir
que existe mérito suficiente para formar causa en su contra, por lo que
corresponde confirmar la decisión que hizo lugar a la solicitud de
desafuero", sostiene el fallo.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">La decisión se adoptó con los votos en contra de los ministros
Lamberto Cisternas y Carlos Aránguiz, quienes fueron partidarios de revocar la
sentencia de la Corte de Apelaciones, porque en su juicio no concurren
elementos suficientes para indagar la comisión de los ilícitos que se le
imputan.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Los ministros Patricio Valdés y Carlos Künsemüller estuvieron por
revocar la sentencia, pero sólo respecto del ilícito de fraude al fisco. En
tanto, el ministro Haroldo Brito estuvo sólo por revocar la sentencia respecto
del delito de negociación incompatible.</span></div>
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><br /></span>
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> </span><span lang="ES-CL" style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><a href="http://bit.ly/1T7lPIr">SENTENCIA CONFIRMATORIA CORTE SUPREMA</a></span><br />
<br />
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><a href="http://bit.ly/1Cb7dnt">FALLO CONFIRMADO CORTE DE PUNTA ARENAS</a></span><br />
<br />
<span style="color: #cccccc; font-size: x-small;">Fuente: Portal del Poder Judicial de Chile.</span>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1158053041145466866.post-53806489570407530982015-06-30T20:21:00.004-07:002015-06-30T20:21:52.983-07:00CORTE SUPREMA DE CHILE CONFIRMÓ EL 26.06.2015 EL DESAFUERO DE SENADOR CARLOS BIANCHI<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">En decisión dividida, la Corte Suprema confirmó el pasado viernes 26 de
junio de 2015, el desafuero del senador independiente por Magallanes Carlos
Bianchi Chelech, quien se encuentra formalizado como autor de los delitos de
fraude al Fisco y negociación incompatible.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">El presidente del máximo tribunal, ministro Sergio Muñoz Gajardo,
comunicó la decisión que ratifica la resolución adoptada por la Corte de
Apelaciones de Punta Arenas. Esta confirmación se tomó tras escuchar los
alegatos del Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, querellante
particular y a la defensa del parlamentario.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">El máximo tribunal, además, fijó fecha para entregar la resolución
íntegra para el miércoles 1° de Julio de 2015.</span></div>
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><br /></span>
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> </span><span lang="ES-CL" style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><a href="http://bit.ly/1g9GIVt">ACTA AUDIENCIA VISTA DESAFUERO CS</a></span><br />
<br />
<span style="color: #cccccc; font-size: x-small;">Fuente: Portal del Poder Judicial de Chile.</span>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1158053041145466866.post-77675072524200705592015-06-23T16:25:00.005-07:002015-06-23T16:25:52.176-07:004º TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL DE SANTIAGO (CHILE) DICTÓ VEREDICTO ABSOLUTORIO EN EL DENOMINADO CASO “COLUSIÓN DE LAS FARMACIAS”<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #242424; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 115%;">El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de
Santiago dictó veredicto absolutorio en favor de los 10 imputados por el
Ministerio Público y querellantes particulares, en el denominado caso
"Colusión de las Farmacias".</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #242424; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #242424; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span style="color: #242424; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 115%;">En fallo dividido, el tribunal –integrado por los
magistrados María Inés Collin Correa (presidenta), Laura Andrea Assef Monsalve
y José Ramón Flores Ramírez (redactor)-, tras el debate de rigor y más allá de
toda duda razonable, dio por no acreditado "por el órgano persecutor que
los sustratos fácticos de su acusación constituya el delito de conseguir por
medios fraudulentos alterar el precio natural de medicamentos".</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #242424; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #242424; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span style="color: #242424; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 115%;">Ante tal convicción, agrega el dictamen "(…) solo
cabe absolver a los acusados Roberto Leopoldo Belloni Pechini, Ramón del
Rosario Ávila Silva, Mehilin Velásquez Chau, Claudia Fanny Carmona Zúñiga,
Judith Margarita Carreño Oteiza, Sergio Eduardo Purcell Robinson, Ricardo Ewetz
Munchmeyer, Ricardo Iván Valdivia Kloques, Cristián Marcelo Catalán López y
Mario León Zemelman Riveros.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #242424; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #242424; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span style="color: #242424; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 115%;">Decisión acordada con el voto en contra del magistrado
Flores, quien estimó que con la prueba rendida por el Ministerio Público,
"se dieron por concurrentes todos los elementos previstos en el tipo
penal".</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #242424; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #242424; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span style="color: #242424; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 115%;">La audiencia de comunicación de la sentencia –que en
atención a lo resuelto, será redactada por la magistrada Collin Correa y el
voto disidente por el juez Flores Ramírez– quedó programada para el mediodía
del próximo martes 28 de julio.</span></div>
<span style="color: #242424; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><br /></span>
<span style="color: #242424; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><a href="http://bit.ly/1GG4px2" style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 115%;">VEREDICTO COLUSIÓN FARMACIAS</a><br />
<br />
<span style="color: #cccccc; font-size: x-small;">Fuente: Portal del Poder Judicial de Chile.</span>Unknownnoreply@blogger.com0