El TC rechazó un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba el
inciso primero del artículo 230 del Código Procesal Penal, referido a la
oportunidad para formalizar la investigación.
La gestión pendiente invocada recae en autos criminales sobre “delito de
obstrucción a la justicia por ocultación de evidencia” -bautizada como “caso de
los españoles” - de que conoce el Juzgado de Garantía de Rancagua, en que se
comunicó el cierre de la investigación y el hecho de no perseverar en ella.
En su sentencia, la Magistratura Constitucional arguyó que, sin
perjuicio de la admisibilidad pronunciada en la acción de autos, es conveniente
notar que esta Magistratura tiene la facultad de declarar la inadmisibilidad de
la inaplicabilidad solicitada respecto de dicho precepto, en el caso que
"la cuestión se promueva respecto de un precepto legal que haya sido
declarado conforme a la Constitución por el Tribunal, sea ejerciendo el control
preventivo o conociendo de un requerimiento, y se invoque el mismo vicio que
fue materia de la sentencia respectiva" (artículo 84, número 2°, LOCTC).
En consecuencia, en aquellos casos en que el vicio invocado por la acción de
inaplicabilidad contra una norma determinada sea el mismo sobre el que ha
recaído un pronunciamiento de esta Magistratura, procede la declaración de
inadmisibilidad.
En el caso de autos, además, expone el TC que concurren circunstancias
que permiten sostener que el efecto legal impugnado no resultará decisivo en la
resolución del asunto, toda vez que la investigación solicitada ya se encuentra
cerrada y, por lo mismo, corresponde la aplicación de los artículo 257 y 248
del Código Procesal Penal y no subsiste una investigación que admita
formalización conforme con el artículo 230 del mismo Código. Al no resultar
aplicable el precepto legal impugnado, no puede considerarse decisivo y
procedería la declaración de inadmisibilidad de acuerdo con el numeral 5° del
artículo 84 de la LOCTC.
Por otro lado, y en torno a la facultad del inciso primero del artículo
230 del Código Procesal Penal y la igualdad ante la ley, sostiene el fallo que
no es admisible sostener que la entrega al Ministerio Público de las facultades
de dirigir la investigación, investigar y, durante su desarrollo, formalizar,
responde a una voluntad no gobernada por la razón, mero apetito o capricho del
Poder Constituyente, pues se trata de una atribución que permite la persecución
criminal en el marco del deber del Estado de servir a la persona humana y dar
protección a la población (artículo 1º de la Constitución), respetando y
promoviendo los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana
garantizados por la Constitución y por los tratados internacionales ratificados
por Chile (artículo 5º de la Constitución). Si la investigación pudiese ser
dirigida o realizada por particulares no sería posible asegurar durante su
desarrollo su servicio a la persona humana, ni su propósito de dar protección a
la población, ni el respeto o promoción de los derechos esenciales que emanan
de la naturaleza humana.
En consecuencia, se aduce, no existe igualdad entre el Ministerio
Público y los particulares que intervienen en el proceso penal en la fase de
investigación y esta desigualdad cuenta con un fundamento que excluye la
arbitrariedad; asimismo este estatuto diferenciado no es obstáculo para que la
igualdad sí nazca de modo pleno y como un derecho subjetivo en el comienzo de la
acción penal. Como lo ha señalado esta Magistratura, el inciso segundo del
artículo 83 no sólo está situando a los ofendidos por el delito y demás
personas que señala la ley "en un plano de igualdad con el Ministerio
Público, en lo que respecta al ejercicio de la acción penal pública, sino que,
en esencia, consagra el ejercicio de la referida acción como un verdadero
derecho, que debe ser respetado y promovido por todos los órganos del Estado,
en obediencia a lo mandado por el artículo 5º, inciso segundo, de la Carta
Fundamental" (STC Rol Nº 1388, considerando decimocuarto).
Asimismo, respecto a la facultad del inciso primero del artículo 230 del
Código Procesal Penal, y la obligación del legislador de establecer las
garantías de una investigación racional y justa, sostiene la Magistratura
Constitucional que legislador, en cumplimiento de su obligación de asegurar una
investigación justa, ha previsto mecanismos que permiten revisar por órganos
jurisdiccionales, a instancia de parte, el ejercicio de la facultad privativa
del fiscal de formalizar; ha dotado al juez no sólo de facultades, sino del
deber de velar por los derechos de la víctima.
En el caso de autos, la parte requirente ha hecho uso de su derecho de
solicitar la revisión del actuar del Fiscal y obtenido resultados que acogen
parcialmente su pretensión. Por lo mismo, es posible afirmar que, en los
hechos, no se genera en el caso examinado una indefensión que revele que el
legislador ha incumplido el deber de establecer las garantías de una investigación
racional y justa, sino más bien una situación jurídica derivada de la
satisfacción parcial de la pretensión procesal de la parte que ejerce la acción
de inaplicabilidad.
Y es que, el legislador ha dotado al Ministerio Público de cierta
discrecionalidad para dirigir la investigación y orientar su curso, en
cumplimiento del mandato constitucional que exige racionalidad a la misma.
Por otro lado, en relación a la facultad del inciso primero del artículo
230 del Código Procesal Penal y la obligación del legislador de establecer las
garantías de un proceso racional y justo, expresa el fallo que no hay mandato
constitucional que exija que las garantías de racionalidad y justicia del
procedimiento se comuniquen y traspasen a la investigación, así como tampoco la
Carta Fundamental dispone que las garantías de racionalidad y justicia de la
investigación hayan de comunicarse y traspasarse al procedimiento, al menos de
un modo general y automático. Lo anterior no obsta a que determinadas
exigencias de racionalidad y justicia deban formar parte tanto del
procedimiento como de la investigación.
En el caso de autos, se agrega, no se constata que las garantías
establecidas por el legislador para la investigación hayan sido insuficientes y
hayan generado un estado de indefensión que menoscabe el derecho de acceso a la
justicia. En tanto la aplicación de la ley no imponga condiciones o requisitos
que impidan o limiten el libre ejercicio del derecho de acceso a la
jurisdicción, no se genera un efecto inconstitucional susceptible de ser
revertido mediante la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.
Finalmente, en torno a la facultad del inciso primero del artículo
230 del Código Procesal Penal y la reserva constitucional del ámbito de la
función jurisdiccional, aduce el TC que la formalización tiene una relación
directa con la acción penal conocida en ejercicio de la función jurisdiccional,
toda vez que se trata de un trámite necesario para avanzar a las siguientes
etapas del proceso; y que lo anterior es reconocido por el Legislador, que ha
diseñado un conjunto de garantías que permiten a la víctima requerir
actuaciones conducentes al progreso de la investigación, como ha quedado dicho
arriba.
La intervención del juez de garantía, concluye la sentencia, sólo
asegura al imputado el ejercicio de los derechos que le otorga el ordenamiento
jurídico y no altera la competencia privativa del Ministerio Público para
dirigir y dar curso a la investigación.
Motivos anteriores en virtud de los cuales fue rechazado el requerimiento
de autos.
Por su parte, los Ministros Fernández Fredes y Hernández Emparanza
previeron que, no obstante compartir lo resuelto, estiman que, en la especie,
el requerimiento es además improcedente, por concurrir a su respecto la causal
de inadmisibilidad prevista en el numeral 2° del artículo 84 de la LOCTC, toda
vez que el precepto legal impugnado ha sido declarado acorde a la Constitución
en reiterados pronunciamientos de esta Magistratura, recaídos en los roles que
se citan en el considerando sexto de esta misma sentencia.
Fuente: Diario Constitucional de Chile
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